Al menos desde mediados del siglo XIX, la asistencia humanitaria se ha extendido por todo el mundo hasta convertirse en una narrativa salvífica global que hoy en día se recoge en la noción de “humanitarismo”, en la que el sufijo “ismo” encarna todo un conjunto de creencias, prácticas, categorías, discursos y procedimientos que, aunque flexibles y aptos para cambiar rápidamente, son reconocibles como “humanitarios”. El humanitarismo se manifiesta en una pluralidad de acciones, movimientos y éticas, que son diferentes en sus formas de aplicación y expresión y, sin embargo, son coherentes en sus intenciones idealistas. Si bien estas intenciones se basan en principios humanitarios fundamentales como la “neutralidad”, la “independencia”, la “humanidad” y la “imparcialidad”, van más allá para definir una actitud redentora moderna que se expresa en formas de compasión y gobierno. En efecto, el humanitarismo no es simplemente una reacción a la crisis, sino una red amplia, articulada, evolutiva y a múltiples escalas de diferentes actores, políticas y estructuras. Es una modalidad de intervención en el mundo (con el objetivo de mejorarlo), un ethos global que está impulsado por un llamado a atender las necesidades humanas en circunstancias extraordinarias, desequilibradas o desiguales. Como tal, constituye un rasgo consistente e importante de la modernidad, cuya historia se entrelaza con ideas y prácticas de salvación y liberación (De Lauri 2020).

Diplomacia humanitaria

Proporcionar un acceso continuo a la asistencia humanitaria durante los conflictos y las emergencias complejas ha sido siempre una de las principales preocupaciones de los hacedores de política y los agentes humanitarios. Así, históricamente se han llevado a cabo negociaciones humanitarias en situaciones de inseguridad extrema y condiciones políticas inestables para garantizar el acceso, la asistencia y la protección de los civiles (Mancini-Griffoli y Picot 2004; Pease 2016). Las prácticas implícitas, a veces incluso ocultas, de las negociaciones humanitarias (Magone, Neuman, Weissman 2011) dieron lugar al concepto de diplomacia humanitaria, que empezó a circular de forma más consistente a principios de la década de 2000 (aunque hay usos de la expresión mucho antes). La diplomacia humanitaria se define generalmente como la persuasión de los tomadores de decisión y de los líderes de opinión para que actúen en todo momento y en cualquier circunstancia en interés de las personas vulnerables y con pleno respeto de los principios humanitarios fundamentales. Abarca las actividades llevadas a cabo por los actores humanitarios para obtener un espacio de parte de las autoridades políticas y militares, dentro del cual puedan funcionar con integridad. Estas actividades incluyen, por ejemplo, la organización de la presencia de las organizaciones humanitarias en un país determinado, la negociación del acceso a las poblaciones civiles que necesitan asistencia y protección, el seguimiento de los programas de asistencia, la promoción del respeto del derecho y las normas internacionales y la participación en actividades de promoción a diversos niveles en apoyo de los objetivos humanitarios (Minear y Smith 2007). En este escenario, la diplomacia humanitaria se entiende como un medio para llegar a las personas más vulnerables. De hecho, el compromiso de “no dejar a nadie atrás” ha sido una característica clave de los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y actualmente existe un consenso político creciente de que la operacionalización del “no dejar a nadie atrás” es un elemento crucial de la Agenda 2030 (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Sin embargo, en la diplomacia humanitaria existe una tensión importante. La diplomacia, por ejemplo, consiste esencialmente en la representación de un sistema de gobierno frente a otro. El humanitarismo consiste en defender y ayudar a las personas necesitadas. Por lo tanto, la diplomacia se caracteriza por el compromiso y los tratos pragmáticos, mientras que la imagen pública (que a menudo contradice lo que ocurre en la práctica) de la acción humanitaria es la contraria: se trata de trabajar por los ideales y los principios universales, independientemente de los intereses de actores políticos concretos.

Mientras que algunos profesionales defienden la postura apolítica del humanitarismo, los académicos han rebatido ampliamente esta afirmación. En cualquier caso, el humanitarismo no puede considerarse fuera de sus contextos operativos, que son siempre políticos y se traslapan en una variedad de prácticas diplomáticas. Desde el punto de vista analítico, entender la diplomacia humanitaria a través de sus prácticas facilita su conceptualización en el marco de la pluralización más amplia de la diplomacia (Turunen 2020). En efecto, el empleo de las prácticas diplomáticas se ha extendido mucho más allá del sistema estatal de Westfalia. Entender la diplomacia sólo en su sentido tradicional, como monopolizada por los Estados y por instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea, no refleja de forma adecuada la realidad de las prácticas diplomáticas actuales. Una representación de la diplomacia que sea exclusiva de la soberanía y el arte de gobernar es cada vez más insostenible. La complejidad de los retos mundiales, como las catástrofes ambientales y los flujos de refugiados, no puede reducirse a la preocupación de sólo un puñado de actores estatales a los que la diplomacia tradicional podría atender. La diplomacia es un asunto plural dentro de redes de diferentes actores con diferentes intereses, identidades, y comprensiones de lo que es el mundo y cómo funciona (Constantinou 2013; Turunen 2020: 465).

La variedad de actores humanitarios que intervienen en las emergencias complejas y sus prioridades y objetivos contrapuestos dan lugar a diferentes interpretaciones y prácticas de la diplomacia humanitaria. Sus definiciones y el contenido percibido varían tanto como el número de organizaciones (o Estados) que utilizan el término y las operaciones humanitarias que llevan a cabo. Existe una diferencia significativa entre la concepción de la idea de la diplomacia humanitaria, el uso del propio término y el reconocimiento internacional de su definición y el acuerdo sobre cómo debe llevarse a cabo (Regnier 2011).

Como han demostrado las crisis humanitarias masivas, como las de Bosnia, Afganistán, Irak, Yemen y Siria, los espacios protegidos que la acción humanitaria debe proporcionar son cada vez más el objetivo de las partes en conflicto. Esto hace que muchas personas queden atrapadas en el conflicto o se vean obligadas a huir por rutas en las que corren un alto riesgo de ser explotadas por el tráfico de personas, y a las que el personal humanitario tiene poco o ningún acceso. Los peligros a los que se enfrenta el humanitarismo hoy en día son el resultado de las zonas de guerra y de las crisis prolongadas en las que las poblaciones civiles son las víctimas intencionadas, en las que el acceso es difícil, en las que los trabajadores humanitarios corren el peligro de ser percibidos como una amenaza o un objetivo de secuestro y en las que su propia seguridad física está en duda (Barnett y Weiss 2008). El acceso a la asistencia humanitaria se ve cada vez más cuestionado de forma que también se redefine el papel de los actores humanitarios y su capacidad diplomática. El carácter de los conflictos violentos está cambiando y la politización del acceso a la asistencia se ha convertido en un elemento integral del propio conflicto (De Lauri 2018).

Humanitarismo y educación

En los contextos de posguerra y poscatástrofe, las autoridades nacionales, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales deben proporcionar acceso a la escolarización a los niños desplazados o afectados de otro modo por la restricción de la movilidad, la creciente inseguridad, la falta de infraestructuras y/o de personal cualificado y la pérdida de sustentos y de familias. Las escuelas no están a salvo de los ataques directos en tiempos de conflicto armado. Por ejemplo, en las zonas rurales, las escuelas pueden ser las únicas estructuras permanentes, lo que las hace muy susceptibles de ser bombardeadas, cerradas o saqueadas. Los profesores locales también pueden convertirse en objetivos principales porque se les considera miembros importantes de la comunidad, pueden tener opiniones políticas fuertes y pueden encarnar la única forma de representación del gobierno en un pueblo aislado. La destrucción de las redes educativas es uno de los reveses democráticos más graves para los países afectados por un conflicto. El deterioro y la pérdida de la educación básica y de las competencias profesionales suelen tardar años en reponerse, lo que dificulta enormemente la tarea global de recuperación tras la guerra (Aguilar y Retamal 2009). Como principio básico, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 obliga a “los Estados Partes [a adoptar] todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado” y a hacer que la educación primaria esté disponible y sea obligatoria sin limitaciones.

La educación en situaciones de emergencia se ha expandido como un subcampo de experiencia y asistencia humanitaria debido al elevado número de niños afectados por desastres y guerras. La educación en proyectos de emergencia suele formar parte de un programa más amplio que fomenta el cambio social y la resiliencia a nivel comunitario.

Según el derecho internacional, los niños refugiados desplazados pueden asistir a escuelas regulares en los países receptores, pero en la práctica muy pocos pueden hacerlo. Algunos gobiernos receptores se niegan a poner a disposición de los niños refugiados actividades educativas o incluso a permitir que las agencias humanitarias las ofrezcan (Aguilar y Retamal 2009). Proporcionar un acceso continuo a la educación en situaciones de emergencia puede abarcar desde la educación transitoria en el hogar (Kirk y Winthrop 2007) hasta la asistencia en campamentos y escuelas en comunidades de acogida para duplicar la escolarización. Proteger el derecho de los niños a la educación en situaciones de emergencia exige prestar atención al ciclo completo de la educación, desde el apoyo a las familias hasta la reconstrucción de las escuelas. Entre otras preocupaciones, los proveedores de educación deben tener en cuenta cómo (re)integrar las escuelas en entornos institucionales más amplios de la sociedad y cómo restablecer la confianza mediante el acceso a la “escalera” de la educación. También es importante transmitir aptitudes para la vida y valores para la salud, la igualdad de género, la ciudadanía responsable y la conciencia medioambiental, y ofrecer protección a los grupos marginados, como las minorías, los niños con discapacidades y los adolescentes no escolarizados (Sinclair 2007).

Aunque en algunos contextos existen acuerdos y procedimientos para garantizar el acceso a la educación, a menudo no garantizan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje ni la eficacia de la respuesta educativa (Gallano 2018). Las evaluaciones participativas ascendentes de los proyectos educativos tienen como objetivo identificar los desafíos de una escala temporal de emergencia compleja, la producción de conocimiento y la capacidad de mantener una perspectiva centrada en el niño (Maclure 2006). Esto último implica prestar atención y consideración no sólo a la escolarización formal, sino también a los procesos educativos informales que pueden desempeñar un papel importante en la sociedad, especialmente en tiempos de conflicto (Anderson y Mendenhall 2006).

Humanitarismo y sociedad civil

El concepto de sociedad civil tiene su origen en la noción de societas civilis de Cicerón, que es a su vez un desarrollo de la idea de koinonia politike (comunidad política) de Aristóteles. El uso contemporáneo del término puede vincularse directamente al pensamiento europeo moderno y se refiere a una densa red de grupos, comunidades, redes y vínculos que se interponen entre el individuo y el Estado moderno (Kenny 2007). Se entiende comúnmente como el “tercer sector” de la sociedad, distinto del Estado y del mercado. Según la Organización Mundial de la Salud, la sociedad civil se refiere al ámbito de la acción colectiva en torno a intereses, propósitos y valores comunes. Aunque sus formas institucionales se describen normalmente como distintas de las del Estado, la familia y el mercado, los límites entre el Estado, la sociedad civil, la familia y el mercado son siempre difusos y negociados. La sociedad civil incluye diferentes espacios, actores y formas institucionales, que varían en su grado de formalidad, autonomía y poder. La sociedad civil incluye organizaciones como las organizaciones benéficas registradas, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios, las organizaciones de mujeres, las organizaciones religiosas, las asociaciones profesionales, los sindicatos, los grupos de autoayuda, los movimientos sociales, las asociaciones empresariales, las coaliciones y los grupos de defensa (OMS 2007). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que las asociaciones con la sociedad civil son cruciales para promover los ideales de la organización y ayudar a apoyar su trabajo (www.un.org). Sin embargo, la opinión de la ONU refleja una actitud general en el sector humanitario de utilizar la noción de sociedad civil en un sentido vago. Aunque se considera estratégico realizar intervenciones de base a través de socios locales, la noción de sociedad civil suele ser movilizada por los actores humanitarios internacionales como una forma de ganar legitimidad en lugar de mejorar la apropiación local.  

El “tercer sector” ha crecido rápidamente desde la década de 1990. Lo que muchos definieron como la “revolución asociativa global” de la industria de la asistencia estaba vinculada al menos a tres elementos principales: una crisis generalizada del Estado en la provisión de bienestar y protección; el crecimiento en número y escala de los actores privados y voluntarios organizados (también estimulados por las nuevas posibilidades de información y comunicación); y el impacto del neoliberalismo (Salamon et al. 1999). A pesar de este rápido crecimiento y de la consolidación de la idea de una “sociedad civil global”, la propia noción de sociedad civil sigue presentando un cierto grado de ambigüedad y permanece abierta a cuestiones relacionadas con su definición correcta y a las distintas formas en que se ha aplicado en diversas épocas y lugares (Foley y Edwards 1996). La sociedad civil se ha utilizado, por ejemplo, para promover la transición política y económica en antiguos países comunistas, así como para promover la democracia y los derechos humanos en Estados frágiles (Roy 2005). Las críticas también hacen hincapié en el modo en que la sociedad civil global representa cada vez más un retroceso de los derechos universales y refuerza las políticas gubernamentales oficiales de los donantes que disciplinan a las poblaciones (Pupavac 2005).

Otra cuestión clave es si tiene sentido distinguir la sociedad “civil” de la “política”. Los distintos grupos de la sociedad civil, desde los grupos de interés hasta las organizaciones religiosas, se movilizan constantemente para alcanzar objetivos políticos. Una distinción rígida entre grupos políticos y civiles puede ser engañosa. Por lo tanto, la noción de sociedad civil es intrínsecamente ambivalente, ya que no deja claro cuándo lo “civil” se convierte en “político” (Foley y Edwards 1996).

Más allá de la semántica, algunos ven a la sociedad civil, o a la sociedad civil global, como un actor humanitario en sí mismo, que es esencial para reclamar el derecho a la asistencia humanitaria (Miglinaité 2015), mientras que otros siguen siendo escépticos sobre la naturaleza universalista del término, en especial por su propensión a hacer menos evidentes los roles e intenciones de los diferentes grupos sociales, organizaciones y otras colectividades involucradas en los escenarios humanitarios.

 

 

Humanitarismo y fronteras

Un mundo sin fronteras ha representado el mantra de los defensores de la globalización, ya sean grandes empresas u organizaciones humanitarias. Sin embargo, la proliferación de muros y vallas no está reñida con los discursos sin fronteras y los flujos globalizados. Más bien, delimitan las “líneas de falla de la globalización” (Ritaine 2009), y se construyen tanto en contra como a lo largo de estos discursos y flujos. Los muros y las vallas exacerban la desigualdad y simbolizan la afirmación de unos pocos privilegiados que viven realmente la promesa de la globalización y defienden sus privilegios a través de la teicopolítica, la política de construcción de barreras (Rosiere y Jones 2012). Al mismo tiempo, como objetos que revelan instancias disputadas de poder y soberanía, los muros fronterizos están moldeados por la domopolítica (Walters 2004): son límites físicos a través de los cuales se materializan las nociones de hogar y protección. En el marco de la crisis, no sólo las fronteras físicas artificiales, sino también las naturales (como el desierto o el mar), se convierten en instrumentos de disuasión y patrullaje que permiten instancias de separación y privilegio (entre los que pueden y los que no pueden cruzar una frontera).

La crisis de las fronteras en las llamadas democracias occidentales ha estallado en el dominio público debido a su incapacidad para controlar los flujos de migrantes y refugiados o para detener a los terroristas. Además de exacerbar las políticas de seguridad, la crisis ha justificado ideológica y políticamente la afirmación de las fronteras humanitarias como zonas donde las prácticas de ayuda y rescate se han fusionado con la vigilancia y el rechazo. La “crisis de recepción de la migración” de 2015, por ejemplo, no se limitó a explicitar la disfuncionalidad del sistema de asilo de Europa y su arquitectura más amplia; también puso de manifiesto cómo, a través de la narrativa del “rescate”, la interdicción se blanqueó en una estrategia éticamente sostenible de gobernanza fronteriza (Moreno-Lax 2018). Sobre el terreno, la seguridad de los migrantes sigue siendo socavada por políticas que incrementan la securitización y militarizan aún más las fronteras (Williams 2016).

La definición convincente de la frontera humanitaria se la debemos a William Walters (2010), quien explicó que la idea de una frontera humanitaria podría sonar en un principio como un oxímoron. El humanitarismo contemporáneo suele describirse como una fuerza que, en nombre de una humanidad en peligro, trasciende el espacio amurallado de los sistemas nacionales e internacionales. Sin embargo, sería engañoso, sugiere Walters, trazar cualquier ecuación simple entre los proyectos humanitarios y la lógica de la desterritorialización. Aunque las intervenciones humanitarias pueden hacer hincapié en ciertas normas de estatalidad, el ejercicio del poder humanitario está intrínsecamente relacionado con la producción de nuevos espacios. Al redefinir ciertos territorios como “zonas humanitarias”, el humanitarismo actualiza una nueva geografía de los espacios, que se materializa en diversas situaciones: en zonas de conflicto, en regiones afectadas por la hambruna, en el contexto de Estados fallidos o frágiles, o en situaciones en las que las propias fronteras de los Estados y las puertas de acceso a los territorios nacionales se convierten en zonas de gobierno humanitario (Walters 2010: 139). Este es el caso de muchas fronteras actuales en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Australia y África. En Europa, por ejemplo, la multiplicación de las barreras fronterizas, los centros de detención y los refugios, por un lado, y, por otro, la intensificación de las patrullas fronterizas, el control marítimo y las deportaciones señalan un nuevo paso en la historia fronteriza europea: la humanitarización de las fronteras europeas como zonas afectadas por graves crisis.

Tradicionalmente, el control fronterizo se ha llevado a cabo con el mandato de mantener la soberanía estatal sobre los espacios territoriales exclusivos mediante la regulación de quién y qué puede moverse a través de las fronteras estatales, es decir, entrar y salir del territorio exclusivo del Estado. Con este objetivo, el control fronterizo ha autorizado prácticas que van desde la violencia encarnada en la restricción y negación del movimiento hasta la fuerza física encarnada en el trabajo de la policía fronteriza (De Lauri 2019a). Con el auge de fronteras humanitarias, la política de fronteras se ha solapado cada vez más con las prácticas de confinamiento (ayuda a los refugiados y migrantes en sus “países de origen”). Como consecuencia, la externalización de las fronteras europeas y las políticas de rechazo se han enmarcado como acciones de control compasivo y como respuesta a la crisis y la inseguridad. Patrullar las costas, ampliar el alcance de los centros de acogida de inmigrantes o vallar territorios se han convertido así en reacciones humanitarias a las emergencias de los migrantes y refugiados y, por extensión, a las crisis fronterizas. En la actualidad, la relación recíproca entre las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate y las actuaciones estatales-soberanas en las fronteras europeas reproduce, en territorio europeo, una dinámica que el militarismo humanitario en todo el mundo ha encarnado mejor durante décadas: la superposición del rescate y la vigilancia global (De Lauri 2019b). A pesar de la diversidad de contextos geográficos, históricos y culturales que caracterizan las fronteras humanitarias actuales a nivel mundial, es posible discernir la aparición de un discurso transnacional de seguridad fronteriza compasiva que fusiona el impulso humanitario con el policial y la militarización, remodelando las comprensiones tradicionales de las fronteras basadas en el territorio (Little y Vaughan-Williams 2017).

Referencias

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