Prefacio

Guatemala es un caso paradigmático de los esfuerzos a largo plazo para castigar a los perpetradores de crímenes de violencia sexual relacionados con el conflicto armado. Los informes de las comisiones de la verdad publicados después de que el conflicto armado interno terminara en 1996 recopilaron testimonios de sobrevivientes y detallaron la escala de las atrocidades cometidas contra la población civil, principalmente rural y maya, por el Estado guatemalteco. A raíz de estos esfuerzos iniciales de justicia transicional, y frente a obstáculos aparentemente insuperables, los sobrevivientes y activistas de derechos humanos construyeron posteriormente coaliciones nacionales y transnacionales y lucharon para lograr condenas en los tribunales nacionales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, incluidos genocidio, desapariciones forzadas, tortura, asesinato, violación y esclavitud sexual. 

En este informe, la antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez detalla en qué medida los informes de las comisiones de la verdad en Guatemala abordaron la violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno (VSRC), y los esfuerzos posteriores de las sobrevivientes y sus aliados para documentar la VSRC, generar conciencia, solidaridad y espacios seguros, y buscar la rendición de cuentas por estos crímenes. Con el tiempo, las sinergias transnacionales entre la agenda internacional emergente para enfrentar la VSRC y los avances legales en Guatemala para apoyar a las víctimas de la violencia de género pasada y presente pudieron generar cambios institucionales significativos, incluidos tribunales y fiscalías especializados. Los resultados de la lucha constante de las sobrevivientes, las organizaciones de mujeres, los activistas de derechos humanos y sus aliados fueron significativos: el juicio parteaguas de Sepur Zarco de 2016 descrito en este informe fue el primer caso en el mundo en el que un tribunal nacional pudo procesar con éxito a los perpetradores de esclavitud sexual que ocurrió dentro de un conflicto armado interno, utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional. Un segundo caso de VSRC contra mujeres Maya-Achí en los tribunales nacionales siguió la jurisprudencia innovadora del caso Sepur Zarco, logrando condenas en 2022 contra los acusados de crímenes de lesa humanidad, esclavitud y violencia sexual durante el conflicto armado interno, y ordenando reparaciones para las sobrevivientes. Como demuestra Irma Alicia Velásquez Nimatuj en su informe, ambos juicios permitieron que las historias de las víctimas se escucharan a nivel nacional e internacional, junto con opiniones periciales y pruebas que revelaron la verdad sobre lo que sucedió durante el conflicto armado. Ambos juicios sentaron precedentes importantes para futuros casos de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad en Guatemala y en otros lugares.

Este informe forma parte del proyecto Comisiones de la verdad y violencia sexual: experiencias africanas y latinoamericanas, coordinado por Elin Skaar en el CMI. El proyecto investiga cómo las comisiones de la verdad latinoamericanas y africanas desde principios de los años 1980 han abordado la violencia sexual en sus operaciones y recomendaciones. Se pregunta en qué medida los cambios en las normas internacionales y los marcos jurídicos han dado forma a la agenda de las comisiones de la verdad en lo que respecta a la violencia sexual. Y en qué medida las comisiones de la verdad han contribuido a impulsar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad establecida por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2000, que se centra en la experiencia de género del conflicto. Al establecer una base de datos original sobre las conexiones entre las comisiones de la verdad, la violencia sexual y el derecho internacional, el proyecto proporciona una base empírica para la investigación y el análisis trans-regional sobre el impacto de la búsqueda colectiva de la verdad en el tratamiento de los legados de la violencia sexual. El proyecto tiene como objetivo contribuir a los debates de políticas sobre el diseño de las comisiones de la verdad y hacer recomendaciones que sean de relevancia directa para mejorar la forma en que se puede abordar la violencia sexual. 

Rachel Sieder

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
Ciudad de México,
y Chr. Instituto Michelsen 

Sobre la autora

Irma Alicia Velásquez Nimatuj es periodista, antropóloga social y vocera internacional que ha estado al frente de las luchas por los derechos de los pueblos indígenas. Es una experta destacada en el estudio del racismo estructural y en cuestiones de memoria, verdad y justicia. Irma Alicia Velásquez Nimatuj estudió periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 1997 recibió una beca del Programa Fulbright para estudiar antropología social en los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Stanford, la Universidad de Brown y la Universidad de Texas y ha ganado numerosas becas académicas y premios por su periodismo. También ha hecho contribuciones significativas a la lucha contra la violencia de género y racializada en Guatemala. Inició el proceso judicial que resultó en la tipificación de la discriminación racial como delito en el país. En 2010 rindió su testimonio ante el Tribunal Ético contra la Violencia Sexual en el Conflicto Armado, descrito en este informe. Durante el juicio por genocidio contra el exgeneral José Efraín Ríos Montt escribió varios artículos en apoyo a los sobrevivientes mayas por los que fue objeto de amenazas de muerte. En 2016 prestó su testimonio en el caso de Sepur Zarco, también descrito en este informe, tras haber trabajado en colaboración durante muchos meses con los sobrevivientes para registrar la esclavitud y la violencia sexual que sufrieron las mujeres maya-q’eqchi’ durante el conflicto armado interno. Entre 2005 y 2013 Irma Alicia Velásquez Nimatuj fue directora del Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Oxlajuj Tzikin. Ha sido asesora de varias agencias de las Naciones Unidas en temas de racismo y derechos de los pueblos indígenas, entre ellas UNICEF, ONU MUJERES y ACNUDH. Escribe una columna semanal en elPeriódico de Guatemala.

1. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fue establecida en 1994 para investigar los abusos a los derechos humanos y los actos de violencia durante el conflicto armado que vivió Guatemala de 1960 a 1996.^[1] Durante ese periodo Guatemala experimentó una represión política generalizada, violencia extrema planificada por el estado, campañas de contrainsurgencia y violencia sexual generalizada en contra de las mujeres mayas.^[2] El conflicto resultó en una pasmosa pérdida de vidas, el desplazamiento de comunidades mayas y graves violaciones de los derechos humanos. Las siguientes son algunas estadísticas que arrojan luz sobre la magnitud de la violencia. Esta etapa se conoce desde las comunidades como la “violencia”, desde Naciones Unidas como el conflicto armado interno o desde los sobrevivientes como la guerra en donde se cometió genocidio en contra de siete pueblos mayas de Guatemala.^[3]

El conflicto armado interno tuvo sus raíces en las agudas desigualdades sociales y económicas que se arrastraban desde la época colonial, la represión política hacia los sectores que pensaban diferente y las permanentes demandas y disputas por la tenencia y posesión de la tierra en Guatemala con comunidades indígenas.^[4] Fundamentalmente era un ambiente en donde privaba una política racista hacia la mayoría de la población indígena, que era la mayoría de la población, pero que vivía excluida del poder político y eran asumidos no como personas con derechos sino como mano de obra esclavizada sujetas a continuos despojos de sus tierras. Las investigaciones indican que a principios de la década de 1960 se inició la formación de grupos guerrilleros de izquierda, como la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y la Organización Revolucionaria del Pueblo Armado (ORPA), quienes desafiaron al Estado militar que tomó el poder a través de un golpe de estado en 1954, con el apoyo de la CIA. El conflicto se intensificó en las décadas de 1970 y 1980, cuando el gobierno implementó una estrategia de contrainsurgencia que se basó en la represión, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales para eliminar a quienes identificó como “enemigos internos del Estado”.[5] El gobierno desarrolló políticas represivas hacia las voces disidentes, la población civil desarmada y las comunidades rurales con campañas selectivas y/o colectivas empleando tácticas brutales contra individuos o colectivos a quienes acusó de ser miembros de la guerrilla.

El informe final de la CEH, denominado “Memoria del Silencio”, publicado en 1999, estimó que más de 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto, siendo el 93 por ciento de las víctimas civiles y el 83 por ciento indígenas en su mayoría integrantes de los pueblos mayas. El informe también identificó 626 masacres y documentó violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, tortura, violación sexual hacia las mujeres y desplazamiento forzado, tanto interno como externo, que fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado como grupos paramilitares y las Patrullas Civiles (PAC)[6] como estrategias para reprimir a los grupos guerrilleros e infundir miedo en la población civil.

Víctimas y Desplazamiento:

• La CEH estimó que el conflicto dejó más de 200 mil muertos. Esta cifra incluye tanto a las víctimas directas como indirectas de la violencia, combatientes, civiles y fallecidos por desnutrición, hambre o enfermedades como consecuencia del conflicto.
• Aproximadamente el 83 por ciento de las víctimas eran indígenas mayas, quienes se vieron afectados de manera desproporcionada por la violencia y cuyos efectos aun enfrentan.
• Alrededor de 1.5 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y territorios, lo que representaba alrededor del 20 por ciento de la población total del país en ese momento.

Violaciones a los Derechos Humanos:

• La CEH documentó violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas tanto por fuerzas estatales como por los 4 grupos guerrilleros. Estas violaciones incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y masacres.
• La CEH atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas a fuerzas estatales, el 3 por ciento a grupos guerrilleros y un 4 por ciento a otros actores.

Controversias y debate sobre cifras y estadísticas:

1. Subdeclaración de víctimas: Algunos sectores sobrevivientes argumentan que las cifras y estimaciones oficiales proporcionadas por la CEH subestiman significativamente el número real de víctimas. Afirman que muchos de los delitos de violencia nunca se registraron y que la naturaleza clandestina del conflicto dificultó la obtención de datos más precisos, mientras que otros han cuestionado la metodología utilizada para llegar a las cifras publicadas. Por ejemplo, algunos han criticado a la CEH por basarse en datos informados por testigos y sobrevivientes, que, según argumentan, pueden no reflejar con precisión el verdadero alcance de la violencia.

2. Disputas de responsabilidad: También ha habido controversias sobre la atribución de la responsabilidad por la violencia cometida. Los críticos de la CEH argumentan que el informe se enfoca de manera desproporcionada en los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales a quienes les corresponde el 93 por ciento, mientras minimiza o descuida las acciones de los grupos guerrilleros a quienes les atribuyó el 3 por ciento.[7] Los altos mandos militares, en particular, intentaron restar importancia a su responsabilidad por la violencia y las atrocidades cometidas durante el conflicto.[8]

3. Clasificación de las víctimas: El informe de la CEH categorizó a las víctimas en tres grupos: víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de actos de violencia y víctimas del desplazamiento. Algunos investigadores han cuestionado la categorización, argumentando que no capta la naturaleza compleja y más amplia de la violencia y de sus consecuencias a largo plazo para las comunidades mayas que enfrentaron genocidio o esclavitud sexual y laboral.[9] Mientas que otros argumentaron que ciertas muertes deberían clasificarse como "delitos comunes" en lugar de asesinatos por motivos políticos.

4. Resistencia a lo encontrado por la CEH: La investigación realizada por la CEH enfrentó la resistencia política de actores poderosos dentro de Guatemala, entre ellos exoficiales militares y miembros de las elites políticas y económicas involucradas en la contrainsurgencia. 

Algunas personas y grupos buscaron socavar los hallazgos del informe de la CEH e impidieron que se implementaran sus recomendaciones, alimentando aún más las controversias sobre las cifras y el impacto de la violencia a corto, mediano y largo plazo. Además, los altos niveles de impunidad y la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno siguen siendo un tema polémico y sin resolver. En la actualidad los esfuerzos para enjuiciar a los responsables de violaciones de derechos humanos se han enfrentado a largos desafíos, con actores e instituciones poderosas que obstruyen la justicia e impiden las investigaciones.[10] 

Las cifras y controversias mencionadas representan algunos de los debates y discusiones en torno a ese período de la violencia política en Guatemala. Aunque el objetivo del trabajo e informe de la CEH fue arrojar luz sobre las atrocidades cometidas durante ese periodo y brindar recomendaciones para lograr la materialización de la justicia transicional al buscar conocer la verdad, la justicia, la reconciliación, reparación y la no repetición. Sin embargo, la interpretación y aceptación de los hallazgos sigue siendo objeto de debate y enfrentamiento en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, el informe de la CEH ha tenido un impacto significativo en la documentación y comprensión internacional del conflicto. Ayudó a establecer una narrativa de memoria histórica que reconoce el dolor de las víctimas y la responsabilidad del Estado por sus políticas de tierra arrasada, así como el impacto devastador en el país, con profundas cicatrices que continúan dividiendo a la sociedad guatemalteca en la actualidad. Fundamentalmente, el trabajo de la CEH allanó el camino para que las víctimas y sus familias iniciaran el lento proceso de búsqueda de justicia en los tribunales nacionales y en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Audiencia Española.[11] Entre 2005 a 2021 se lograron avances en la búsqueda de justicia para las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Sin embargo, en la actualidad la justicia entro en un camino de retroceso, dado que el país se encamina a una dictadura corporativa en donde será difícil que otros juicios que la Fiscalía de delitos cometidos durante el conflicto armado, del Ministerio Publico, logre llevar a juicio.

2. La magnitud y la naturaleza de VSRC en Guatemala

El conflicto armado interno en Guatemala (1960 y 1996) fue un período de violaciones de derechos humanos, violencias extremas contra personas y/o comunidades y violencias sexuales generalizada y sistemática contra las mujeres.[12] Como consecuencia, obtener datos precisos sobre el número de mujeres que enfrentaron violencia sexual en ese período no es posible porque era un tema sensible para las mujeres, además por el poder del sistema patriarcal que las culpabilizaba de los hechos para acallarlas y controlarlas, por el racismo en contra de las mujeres indígenas que las ignoraba, la lejanía y poca confianza en el sistema de justicia que se sostenía en la impunidad por lo que al buscar justicia solo las revictimizaba, así como la falta de metodologías acorde al delito, luego de firmarse la paz en 1996, para recoger y cuantificar esos hechos y porque desde sus instituciones al Estado no le interesaba que se documentaran esas violencias que marcaron cuerpos y mentes porque reflejaban la naturaleza brutal, inhumana y desquiciada del conflicto. 

Luego de la firma de la Paz en 1996 el estigma que rodeaba la violencia sexual era generalizado en el país, lo que dificultó que las sobrevivientes se presentaran a denunciar. El estigma social alrededor de esas violencias estaba arraigado en normas culturales, que culpaban y avergonzaban a las sobrevivientes y no a los perpetradores -quienes continuaron viviendo en las mismas comunidades- lo que les generaba más dolor y decepción. Las mujeres enfrentaron discriminación racial por indígenas, rurales, pobres, monolingües, así como rechazo, lo que sumó a su trauma y disuadió a miles de buscar justicia o apoyo. Por lo que el subregistro de VSRC fue un problema durante y al finalizar el conflicto armado interno. El miedo a las represalias, la falta de confianza en las autoridades que eran al mismo tiempo las responsables contribuyó al silencio de estos crímenes. Además, factores culturales, como los roles y creencias de género, inhibieron a las sobrevivientes a denunciar dado que en ese momento desconocían sus derechos o carecían de acceso a servicios legales y apoyo emocional, espiritual y psicológico.

Dado que los perpetradores operaron con impunidad, documentar VSRC durante el conflicto armado interno fue desafiante debido a la naturaleza del conflicto, al acceso limitado a las áreas arrasadas y la situación de inseguridad que dificultaron los esfuerzos de documentación de organizaciones de derechos humanos, periodistas e investigadores. A eso debe de agregarse la falta de recursos y la nula voluntad política del Estado para abordar el VSRC. Por eso la información disponible suele ser incompleta.

Lo que es posible encontrar en los informes y testimonios de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)[13] de 1999, el del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) "Guatemala: Nunca Más" de 1988[14], el libro Tejidos que lleva el Alma[15], Amnistía Internacional o Human Rights Watch es la naturaleza de la violencia sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, mutilación sexual, tortura sexual y otras formas de abuso sexual que fue generalizada y sistémica durante el conflicto armado. Estas violencias fueron utilizadas como arma de guerra, dirigida contra mujeres y niñas en su mayoría mayas, esta mayoría se deduce del dato de que el 80 por ciento de las violaciones de derechos humanos en general fueron cometidas en contra de las comunidades mayas.[16] Para los perpetradores las mujeres fueron objetivos simbólicos claves para la identidad y la cultura de sus comunidades. Esas violencias sexuales tenían como objetivo infundir miedo, intimidar, aterrorizar, ejercer control contra ellas y contra sus pueblos. Los informes e investigaciones enfatizan que la violencia sexual fue una estrategia empleada para destruir el tejido y los lazos sociales de las comunidades a las que pertenecían. Los trabajos también coinciden en describir la violencia sexual como parte de un patrón amplio de abusos contra los derechos humanos, que incluyen masacres, desapariciones forzadas y tortura. Y aunque no proporcionan números concretos de mujeres indígenas que violadas sí iluminan sobre los patrones y la naturaleza de la violencia sexual, destacando que fue utilizada como una táctica de intimidación, terror y control por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados. La VSRC durante el conflicto tuvo severos impactos en las mujeres sobrevivientes y comunidades, los cuales se sienten hasta el presente.

3. Desigualdades de género y violencia de género durante y después del conflicto armado interno

Las desigualdades de género, las normas de género y las dinámicas de género durante el conflicto armado en Guatemala y el período posterior a 1996 han tenido un profundo impacto en la vida de las mujeres y los hombres del país. Las normas de género tradicionales, profundamente arraigadas en las creencias y prácticas culturales del sistema dominante enfatizan en una división del trabajo entre hombres y mujeres, y han perpetuado las relaciones de poder desiguales contribuyendo a la marginación y subordinación de un significativo número de mujeres tanto del campo como de las áreas urbanas.

Por eso, durante el conflicto armado (1960-1996) la violencia de género fue generalizada y se utilizó como una herramienta fundamental de la guerra por las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos armados locales como las patrullas de autodefensa civil. Estas atrocidades fueron parte de un continuo más amplio de violencia contra las mujeres rurales e indígenas que ha persistido en Guatemala desde la época colonial hasta el presente. Las mujeres enfrentaron violencia sexual, incluidas violaciones y torturas, como estrategia para infundir terror, desmoralizar a las comunidades y ejercer control sobre ellas.[17] Estos actos de violencia a menudo iban acompañados de formas de tortura y humillación basadas en el género y la raza, con el objetivo de socavar la capacidad de acción de las mujeres, especialmente de las indígenas, quienes han intentado desafiar de múltiples formas los roles tradicionales de género.

En Guatemala, existe una cultura de masculinidades que enfatizan las nociones de fuerza, dominio y agresión.[18] La cultura militar, en particular, aún está vigente y promueve un ideal hipermasculino caracterizado por el uso de la fuerza, el control y las armas. Esos ideales de masculinidad perpetúan la violencia y refuerzan las normas de género tradicionales que asignan a las mujeres roles subordinados esto se reproduce, aun después de 25 años de haberse firmado la paz. Aunque, en los últimos años, ha habido cambios culturales que desafían estas normas tradicionales de género. Organizaciones de mujeres, movimientos feministas y defensores de los derechos humanos han trabajado incansablemente para promover la igualdad de género y abordar las injusticias históricas enfrentadas por las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, durante el largo y sangriento conflicto armado. Estos esfuerzos han llevado a una mayor conciencia y reconocimiento de los derechos y la agencia de las mujeres indígenas y no indígenas, y una mayor comprensión del impacto perjudicial de la desigualdad de género en la sociedad en su conjunto. El alcance y la naturaleza de la violencia de género cotidiana en Guatemala siguen siendo preocupantes. Las mujeres continúan enfrentando diversas formas de violencia, incluida la violencia doméstica, el acoso sexual y el feminicidio.[19] Las disparidades socioeconómicas y las actitudes patriarcales profundamente arraigadas contribuyen a la persistencia de las violencias en donde las personas transgénero son particularmente vulnerables a la violencia y la discriminación.[20] Además, la violencia de género no se limita a los espacios privados, sino que permea la vida pública, afectando la participación de las mujeres en las esferas política, social y económica. Además, la mayoría de las sobrevivientes de violencia de género enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia y la rendición de cuentas debido fundamentalmente a los altos niveles de impunidad, a los sistemas legales débiles y a la falta de voluntad política desde las instituciones del Estado para abordar el problema.

Para hacer frente a estos desafíos, las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, las organizaciones de mujeres indígenas, feministas o mixtas han trabajado permanentemente en procesos de formación, empoderamiento, construcción de institucionalidad, rendición de cuentas, aprobación de leyes o eliminación de políticas discriminadoras para alcanzar justicia y enfrentar la violencia de género. Gracias al trabajo de las mujeres organizadas y a su permanente trabajo de lobby con los gobiernos de turno se han logrado medidas para fortalecer los marcos legales, crear tribunales especializados en violencia contra las mujeres, aprobación de leyes que penalizan la violencia contra las mujeres e instituciones especializadas para desarrollar planes de acción nacionales para prevenir y responder a la violencia de género. Este trabajo ha brindado apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual, enjuiciar a algunos de los perpetradores y trabajar por promover la igualdad de género en los distintos espacios nacionales.

Además, las iniciativas comunitarias, dirigidas por organizaciones de mujeres y movimientos de base, han desempeñado un papel fundamental en la defensa de la justicia y la sensibilización sobre la violencia de género en algunos idiomas mayas. Las iniciativas se enfocan en empoderar a las mujeres, desafiar las normas tradicionales de género y promover la igualdad de género a través de la educación, campañas de concientización y programas de desarrollo de capacidades.

Si bien se han logrado avances, persisten desafíos para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia de género en Guatemala. La continuidad de la violencia que se agudizó durante el conflicto armado demanda esfuerzos holísticos y sostenidos de todos los sectores de la sociedad guatemalteca para desafiar las normas tradicionales de género, promover la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder y crear una sociedad equitativa y justa para con todas las mujeres sin importar su condición de clase, raza, ubicación o del acceso que haya tenido al conocimiento.

4. Cuestiones de género en el proceso de paz

El proceso de paz, que acabó con el conflicto armado de 36 años en Guatemala, se realizó entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) de 1987 a 1996, y buscó sentar las bases para una sociedad más inclusiva, democrática y pacífica en donde los temas de género se pusieron en la agenda, pero la representación e inclusión de las perspectivas de género en las negociaciones fueron un desafío.[21] Si bien las negociaciones se centraron en poner fin al conflicto armado y abordar los temas de justicia y derechos humanos, varios actores y organizaciones abogaron por la inclusión de la equidad de género en la mesa de negociaciones.[22]

Un actor clave que enmarcó las demandas de género en el proceso de paz fue la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). La asamblea reunió a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, incluidos colectivos que demandaban los derechos de las mujeres, organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos. Impulsaron activamente la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones de paz e impulsaron el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la violencia de género y el papel de la mujer en la construcción de la paz.

Otro mecanismo importante a través del cual se abordaron las inequidades de género fue el establecimiento de Mesas Paritarias. Estas mesas fueron creadas para asegurar la participación de diversos sectores sociales, incluyendo a las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos que habían sido marginados en las negociaciones de paz. Las Mesas Paritarias proporcionaron una plataforma para que los diferentes grupos expresaran sus preocupaciones y demandas, incluidas las relacionadas con la equidad de género. En estos espacios la participación de las mujeres fue un poco más activa.

Sin embargo, la dinámica de poder, que era desigual, entre los diferentes actores en el proceso de paz jugó un papel significativo en determinar hasta qué punto se abordaron e incorporaron los temas de género. Por ejemplo, las estructuras de poder tradicionales, dominadas por políticos conservadores y militares, a menudo marginaban las demandas de género. Por lo que la inclusión de las perspectivas de género en el proceso enfrentó la resistencia de estos y otros detentores del poder que consideraban los temas de género y los derechos de las mujeres como secundarios a los objetivos principales, que eran, por un lado, poner fin al conflicto y por el otro, establecer la estabilidad política y económica en el país.

Hay que reconocer que, para ese momento, la intersección de las desigualdades basadas en clase, raza y orientación sexual complicó aún más la inclusión de las demandas de género. Las mujeres indígenas, por ejemplo, enfrentaron múltiples formas de racismo, discriminación y exclusión, lo que limitó su representación y participación en las negociaciones de paz, en donde estuvieron ausentes. De manera similar, los derechos, demandas y preocupaciones de los sectores LGBTI+ no se abordaron, ya que para entonces eran temas que no se les prestó la importancia debida y aun no estaban establecidos dentro de las normas internacionales de derechos humanos.

En general, si bien las demandas de género y los derechos de las mujeres fueron planteados y defendidos por varios actores y organizaciones en el proceso de paz, y no se puede negar que se lograron avances como nunca antes en la historia de las mujeres, pero también debe de reconocerse que la inclusión de los temas y la representatividad de las actoras en el proceso de negociación enfrentaron desafíos, así como la poca o nula participación de las propias mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, debido a las dinámicas de poder, al patriarcado que prevalecía en el proceso, a la resistencia de los detentores tradicionales del poder que eran hombres y mujeres, y a las desigualdades de clase, origen étnico y de orientación sexual que se traslapaban y que impidieron la plena representación.

5. Justicia transicional y VSRC en Guatemala: mandato y enfoques

La justicia transicional, como lo ha mostrado el caso de Guatemala, es un proceso complejo y doloroso, porque se refiere al conjunto de medidas adoptadas por un país para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos que vivieron sus habitantes y proporcionar reparación a las y los sobrevivientes después de un conflicto armado, guerra civil o enfrentar a un gobierno autoritario. Por lo que abordar la agenda, la arquitectura y el proceso de la justicia transicional en Guatemala, con énfasis en el mandato de la CEH, que implica, además, indagar en el conocimiento y la experiencia de los comisionados y del personal involucrado en el momento de su creación y trabajo sobre el conocimiento que tenían de la equidad de género y de la metodología utilizada para documentar la violencia sexual ejecutada en el conflicto armado interno no es una tarea fácil, especialmente cuando han pasado 25 años de la realización del trabajo y de nueva cuenta Guatemala se encuentra sumida en un proceso de terror que busca retroceder y los pasos dados.

Mandato de la CEH

La CEH fue establecida en el Acuerdo de Oslo, firmado el 29 de marzo de 1990, entre la URNG y el gobierno de Guatemala.[23] La CEH tenía el mandato amplio de esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia cometidos durante el conflicto, con el objetivo de promover la reconciliación nacional, la prevención y la no repetición de estos o similares hechos de violencia a futuro en Guatemala.

Las investigaciones y la documentación de la CEH sobre la VSRC se realizaron dentro del contexto amplio de su trabajo, que incluía una recopilación y análisis de los diferentes tipos de violaciones en contra de los derechos humanos. La normativa internacional vigente en la época de la CEH enfatizaba la importancia de abordar la violencia sexual como una grave violación de los derechos humanos, en particular contra las mujeres y las niñas. El alcance de la CEH fue investigar y documentar los casos de VSRC, reconociendo su impacto específico en las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Comisionados y personal involucrado

La CEH estuvo integrada por tres comisionados que fueron designados con base en su integridad, imparcialidad y experiencia en derechos humanos. Así el secretario general de Naciones Unidas Kofi A. Annan nombró coordinador de la CEH al doctor en derecho internacional Christian Tomuschat, los otros dos miembros fueron Otilia Lux de Coti, maya-k’iche’ de Guatemala y el jurista Alfredo Balsells Tojo. Los comisionados eran responsables de supervisar el trabajo de la comisión y garantizar el cumplimiento de su mandato.[24] El personal de la CEH estuvo integrado por juristas, investigadores, analistas e investigadores que apoyaron a los comisionados en el desempeño de sus funciones.

No se pudo determinar en las personas entrevistadas cuál era conocimiento que el equipo de la CEH tenía sobre la opresión de género, pero se deduce por lo publicado en el Tomo III que existía un reconociendo de la importancia del género para abordar la VSRC y que la CEH buscó abordar la desigualdad de género. Es evidente que la comisión tuvo a personas con experiencia en derechos de la mujer y campos relacionados para interpretar los delitos que vivieron las mujeres y niñas afectadas por VSRC en el marco del CAI. La inclusión de experiencia en derechos de la mujer tuvo como objetivo garantizar una comprensión matizada de VSRC y desarrollar enfoques sensibles a la desigualdad de género en el trabajo de la comisión.

Metodología y desafíos para documentar el VSRC

En términos generales la CEH recopiló información en 2000 comunidades en donde obtuvo 7,338 testimonios sobre las atrocidades vividas en Guatemala.[25] La CEH empleó una metodología multifacética para documentar el VSRC. Un aspecto clave fue la recopilación de testimonios de sobrevivientes, testigos y perpetradores. Estos testimonios proporcionaron relatos de primera mano en donde emergieron los delitos de VSRC y contribuyeron al establecimiento de un registro histórico, sobre estas violencias que no se conocían. Para proteger la seguridad y el bienestar de los sobrevivientes, la CEH adoptó un enfoque centrado en las y los sobrevivientes, asegurando la confidencialidad, en alguna medida un leve apoyo psicológico, pero ante la magnitud de los hechos no pudo prevenir la revictimización de las mujeres durante el proceso testimonial.

Según uno de los entrevistados la CEH “Por tener un equipo más grande de especialistas nacionales e internacionales dedicó mayor atención y análisis a la violencia sexual que vivieron las mujeres”.[26] En efecto el Capítulo XIII se titula "Violencia sexual contra la mujer", publicado en el Tomo III, de las páginas 13 a la 57, en ese mismo espacio se ubica el apartado "Las violaciones sexuales masivas contra mujeres mayas" de las páginas 28 a la 51, que incluye referencias testimoniales y análisis. En efecto, los testimonios de violencia sexual recogidos por la CEH fueron cruciales para documentar el alcance e impacto de estos delitos en los cuerpos y vidas de las mujeres, pero también de sus comunidades. El informe de la CEH reconoce la importancia de que las sobrevivientes hablaran sobre sus experiencias y buscaran justicia.

El informe de la CEH representa los hallazgos de la comisión basados en sus investigaciones. No proporciona comentarios específicos sobre testimonios individuales, porque su mandato y propósito era presentar un análisis general del CAI en lugar de evaluar los relatos individuales. Sin embargo, documentar VSRC planteó desafíos. Por ejemplo, no todas las sobrevivientes de VSRC dieron su testimonio, como explica Débora Yancoba de ECAP, “las mujeres violadas enfrentaron miedo, estigma y presión social, lo que les dificultó presentarse y denunciar sus experiencias”. Mientras que la abogada maya-k’iche’, Lucía Xiloj, explica que la CEH “no pudo crear espacios de confianza para que las mujeres pudieran hablaran sobre los delitos sexuales que vivieron”. Lo anterior expone la cultura generalizada de impunidad y la falta de confianza que en 1997 existía en Guatemala, dado que el sistema de justicia no era independiente y eso desalentó a las sobrevivientes a ver a la CEH como un paso previo a buscar justicia posterior por las atrocidades vividas. Otro de los desafíos lo planteó Úrsula Roldán, quien recuerda que “la mayoría de los testimonios en donde emergieron las diferentes violencias sexuales fueron dados por las mujeres en sus idiomas materno para lo cual se solicitaba traductores, pero no siempre se contó en ese momento con el personal técnico en esa línea”.[27] Esto lo reforzó uno de los actores del norte del país, quien recordó que la CEH “contaba con buenos profesionales, pero mayormente extranjeros, con sus ventajas y desventajas, y una desventaja fue la traducción de los testimonios orales en lenguas indígenas, porque dado el poco tiempo que la Comisión poseía para realizar el trabajo se descuidó el contexto, el significado cultural y la profundidad” de las violencias en los testimonios que fueron dados en los idiomas maternos.[28]

La CEH también enfrentó desafíos para obtener la cooperación de actores estatales y no estatales que estuvieron involucrados o tenían conocimiento de hechos de VSRC. Por ejemplo, hubo renuencia de los perpetradores a admitir que los actos de violencia sexual en contra de las mujeres, principalmente indígenas, ocurrieron, luego hubo una negativa a reconocer su participación en esos actos, a eso hay que sumar la ausencia de un marco legal integral que abordara la VSRC en ese momento en Guatemala, lo que dificultó la recopilación de pruebas y la responsabilidad de las personas. Y la CEH tuvo que enfrentar cuestionamientos inmediatos a la publicación del informe, por la naturaleza compleja del VSRC, que a menudo argumentaban ocurrió en entornos privados, por lo que, según sus detractores, presentaba dificultades para obtener pruebas que lo corroboraran. Sin embargo, esta última critica fue perdiendo fuerza cuando las violaciones masivas fueron saliendo a luz años después a la publicación del informe.

Al recopilar testimonios y documentar casos de violencia sexual, la CEH contribuyó a crear conciencia sobre estas atrocidades y arrojar luz sobre la naturaleza sistémica de estos delitos. Por lo que el camino de justicia transicional en Guatemala tuvo su base en el trabajo de la CEH, que desempeñó un papel crucial para abordar la VSRC y otras violaciones de derechos humanos porque plantea que la violencia sexual fue generalizada y utilizada como arma durante el conflicto armado.[29] Reconoce que mujeres y niñas fueron objeto de violencia sexual, incluida la violación, la esclavitud sexual y otras formas de abuso, destacando el trauma físico y psicológico, individual y colectivo, dado que la violencia sexual no fue aislada o incidental en el conflicto, sino una estrategia deliberada empleada por las fuerzas de seguridad del estado y los grupos paramilitares para infundir miedo, afirmar el dominio y destruir el tejido social de las comunidades atacadas. Finalmente, que la violencia sexual fue utilizada como medio de represión y control, y que afectó de manera desproporcionada a las mujeres mayas.

6. Otros actores que enfrentan la VSRC en el contexto de la justicia transicional en Guatemala

El proceso de justicia transicional en Guatemala inicia al finalizar el conflicto armado en 1996 e involucró una interacción compleja de actores, aquí se intenta resumir sus contribuciones en ese momento histórico y el legado de la justicia por conocer y enfrentar los casos de violencia sexual ocurridos en el CAI, donde el rol de las mujeres sobrevivientes, las iniciativas de la sociedad civil, los esfuerzos por documentar a nivel nacional e internacional, la formación en enfoques de género, las organizaciones de víctimas, los organismos internacionales y organizaciones donantes terminan entrelazándose y teniendo un rol protagónico.

Luego de firmada la paz, otros actores, además de la CEH, tuvieron un papel crucial en la documentación de la violencia sexual ocurrida en el marco del CAI y que contribuyeron a la justicia transicional, como el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), liderado por la Iglesia Católica. El trabajo del REMHI muestra que no fue fácil y que no partió de un formulario preestablecido con tipología de violaciones de los derechos humanos, como el de las Comisiones de la Verdad en otros países. Así lo explicó en la presentación del informe Guatemala Nunca Más en 1998, el obispo de la arquidiócesis de Guatemala, Juan José Gerardi.[30] Su director general, Edgar Gutiérrez, al ser entrevistado expresa que, “sufrimos una crisis metodológica, los formularios que usamos, recogían las experiencias sufridas por las víctimas, que fueron validados con los coordinadores diocesanos.”[31] El REMHI recopiló la información con formatos que poseían preguntas generadoras y los hacedores de la metodología fueron los coordinadores diocesanos, que provenían de las pastorales, muchos de ellos indígenas -hombres y mujeres-, incluyendo colaboradores laicos y no católicos.[32] Los borradores del informe fueron validados por ellos. De acuerdo con Gutiérrez, “las limitaciones de información, enfoque y análisis son nuestras, incluyo al equipo técnico central que asumió funciones de procesamiento de los testimonios, análisis y redacción, y en particular yo, que me desempeñé como Coordinador General por designación del obispo Gerardi, con el aval de los obispos y asambleas diocesanas que participaron en el proyecto.” El equipo de dirección interdiocesana, integrado por unas 30 personas tuvo una dinámica de reuniones mensuales sistemáticas y reuniones extraordinarias durante más de tres años, desde la etapa de preparación hasta la redacción del informe. En esas sesiones adoptaron las decisiones principales que ejecutaba el equipo central y de las que informaban periódicamente a Gerardi, los obispos y asambleas diocesanas que tenían sus canales directos a través de los equipos diocesanos que los obispos y las asambleas habían designado.

Por ese proceso pasaron la mitad de los más de 6 mil testimonios que el REMHI recogió que fueron ofrecidos por mujeres que abordaron temas de violencia en general y sus impactos en las familias y las comunidades, y su experiencia por su condición de mujeres. Según Gutiérrez, “al momento de procesar aleatoriamente un número representativo de los testimonios, los casos de violencia sexual, torturas, humillaciones y masacres resaltaron de manera notable.” Por eso, el REMHI integró un equipo que se dedicó a reunir información sobre la violencia sexual, procesarla y profundizar en los casos. Ese equipo realizó entrevistas con informantes claves y reuniones comunitarias. Identificaron casos paradigmáticos, establecieron patrones, significados de violencia sexual, sus consecuencias y las formas de resistencia de las mujeres, sobre todo en las comunidades indígenas, que era de donde provenían la mayoría de los testimonios sobre la violencia política de la década de 1980. Este trabajo produjo un informe específico que fue la base de lo publicado en el Tomo I, Guatemala Nunca Más, titulado: "Impactos de la violencia", Capítulo 6, "Enfrentado el Dolor. De la violencia a la afirmación de las mujeres".[33] Sin embargo, el informe temático, específico sobre violencias contra las mujeres, es inédito y según Gutiérrez, forma parte del archivo del REMHI que se encuentra en el Centro Juan Gerardi de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG.

Después de la entrega del informe Guatemala Nunca Más, algunos equipos diocesanos, como los del Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Petén elaboraron informes específicos de lo ocurrido en esos departamentos y desarrollaron con más enfoque el tema de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con Gutiérrez, “las pastorales usaron esos materiales en sus programas de educación y sensibilización, sin embargo, los informes no llegaron a publicarse.” Y al consultarle sobre su ubicación, indicó que “pueden estar depositados en las Pastorales Sociales de esas diócesis o en los archivos de los obispados.” Lo valioso del REMHI es que reconoce que las mujeres fueron “víctimas directas” de las violencias y atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno.[34] Y reconoce que las violencias, incluida la sexual, contra la mujer fue una demostración de poder, una expresión de victoria sobre los oponentes, la violación fue asumida como una moneda de cambio y como botín de guerra.[35]

Además del REMHI hubo otros esfuerzos nacionales, aquí se mencionaran solamente algunos, como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, que ha sido la organización más grande de mujeres de Guatemala en las décadas de 1980 y 1990, sumando más de 30 mil integrantes, todas mujeres mayas que quedaron viudas como consecuencia del conflicto armado.[36] Muchas de ellas, como sobrevivientes, enfrentaron violencia sexual, sin embargo, como plantea la abogada Lucia Xiloj “la vergüenza que sentían las mujeres, sumado a los estereotipos que en esa época existían en contra de ellas y la falta de espacios de confianza para hablar impidió que ellas denunciaran los hechos, pero todas sabían que habían vivido violaciones sexuales.” CONAVIGUA se enfocó en acompañar a las comunidades de mujeres que buscaban a sus seres queridos en cementerios clandestinos, fosas comunes, cárceles, en las montañas o en los campos de refugiados que se instalaron en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche en México. Hasta el presente CONAVIGUA es una de las organizaciones que se mantiene vigente y continúa buscando las y los desaparecidos, una de sus lideresas, Rosalina Tuyuc se ha destacado por su incansable labor en busca de los desaparecidos y porque en Guatemala se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas que incluye el acompañamiento de búsqueda de justicia por violencia sexual.

En el marco de las negociaciones de paz, crea la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala, FAMDEGUA, cuyo trabajo se centró en la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas forzosamente en el marco del conflicto armado y en impulsar exhumaciones e inhumaciones de personas que eran encontradas.[37] El trabajo de FAMDEGUA fue clave en Guatemala dado que el Estado siempre ha negado la existencia de cementerios clandestinos, así negar haber cometido el delito de desaparición forzada. De igual manera, ha prestado acompañamientos claves a comunidades lejanas que vivieron la ferocidad de las políticas de genocidio y de arrasamiento del Estado, llegar a ellas, acompañarlas en todo el proceso y demandar justicia por los crímenes vividos es parte de su misión. Y aunque no se han enfocado en la violencia sexual, se han enfrentado a este delito dado que la mayoría de las mujeres de diferentes edades que han sido encontradas en las fosas comunes, antes de ser asesinadas fueron violadas sexualmente.

Otra de las organizaciones que ha documentado la violencia sexual que vivieron las mujeres durante el conflicto armado interno es el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, quienes a través del litigio estratégico han acompañado el primer caso por Desaparición forzada, caso por genocidio Ixil en donde el tribunal responsable encontró culpable de ese delito al general José Efraín Ríos Montt,[38] el caso de la Zona Militar 21 Creompaz, por mencionar algunos, en todos estos casos la violencia sexual en contra de mujeres indígenas ha sido un tema que ha surgido en los procesos y que CALDH ha documentado a través de peritajes, testimonios y entrevistas, lo cual demuestra el impacto de estas violencias en las mujeres mayas de Guatemala.[39]

Además, esta la organización Mujeres Transformando el Mundo, MTM, que es una organización integrada por mujeres especialistas en diversas áreas que ha usado el litigio estratégico como un arma para que la violencia sexual que vivieron las mujeres en el marco del conflicto armado interno sea llevado a los tribunales.[40] Uno de los casos paradigmáticos que MTM han acompañado es el Caso de Sepur Zarco en donde 15 señoras del pueblo q’eqchi’ llevaron a los tribunales a dos miembros del ejército de Guatemala responsables de violencia sexual entre 1982 y 1988 en comunidades rurales ubicadas en el departamento de Izabal. Este juicio se constituyó en un parteaguas para el país porque evidencio con detalle cómo se planifico y perpetro la violencia sexual junto a la esclavitud laboral para controlar a las mujeres que quedaron viudas y convertirlas en esclavas, en el marco del conflicto armado interno.[41]

Los organismos internacionales, las organizaciones donantes y las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) desempeñaron un papel influyente en la configuración del proceso de paz y en la agenda de justicia transicional en Guatemala en relación con la VSRC. Naciones Unidas, ONU Mujeres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH,Amnistía Internacional, WOLA, Human Right Watch entre otras han contribuido en diferentes momentos de la historia reciente de Guatemala a documentar la VSRC y abogar por la justicia. Así como brindando asistencia técnica, apoyo financiero y experiencia para fortalecer los mecanismos de justicia transicional. Estos esfuerzos de documentación han desempeñado un papel fundamental en la sensibilización y el establecimiento de una base fáctica para abordar la VSRC dentro del proceso de justicia transicional a nivel nacional.

A partir del presente siglo y conforme ha ido avanzando, el enfoque de género en la justicia transicional ha sido otro marco teórico importante en el proceso de la documentación de la VSRC. [42]A través de ese lente se ha podido reconocer las vulnerabilidades y experiencias concretas de las mujeres durante el conflicto armado, que además han garantizado la inclusión de las demandas sobre la justicia de género. Estas líneas de trabajo tienen como objetivo amplificar las voces de las mujeres sobrevivientes, abordar sus necesidades que son únicas y desafiar las estructuras patriarcales dentro del marco de la justicia transicional.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las organizaciones de víctimas y mujeres sobrevivientes ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la justicia de género y han influido en el largo y doloroso proceso de construir la justicia transicional en Guatemala. En la actualidad, a pesar de los rectores de la cooperación internacional, las organizaciones que han sobrevivido proporcionan una plataforma para que las mujeres sobrevivientes compartan sus experiencias, exijan justicia y participen activamente en los procesos de toma de decisiones. Destaca en el trabajo actual no solo la importancia que se le asigna a la justicia de género, sino que también el abogar por reparaciones integrales, mecanismos de búsqueda de la verdad, reformas institucionales y legales para abordar la VSRC de manera efectiva. Las organizaciones de la sociedad civil han trabajado con las organizaciones donantes, incluidos gobiernos amigos y agencias de financiación internacionales, apoyando la implementación de programas de justicia transicional, que incluye los que abordan la VSRC. Las contribuciones financieras ayudaron a establecer tribunales especializados, comisiones de la verdad como CEH y el REMHI y programas de reparación, buscando asegurar que las sobrevivientes de VSRC tuvieran acceso a la justicia y las reparaciones.

Aunque a partir de 2019 el retroceso de estos derechos desde el Estado guatemalteco ha sido evidente, las organizaciones de mujeres sobrevivientes de violencia sexual no se han detenido, sino que han desempeñado un papel clave en la movilización, brindando servicios de apoyo y abogando por sus derechos. Logrando así la amplificación de las voces de las sobrevivientes, asegurando que sus experiencias sean escuchadas y reconocidas dentro del proceso de justicia transicional y en otros espacios que antes tenían vedados. Estas organizaciones también están contribuyendo a dar forma a políticas e iniciativas destinadas a prevenir futuras atrocidades y promover una cultura de rendición de cuentas.

Y finalmente sobre el papel de las élites económicas y sus políticas nacionales debe decirse que han tenido una influencia significativa durante los procesos de justicia transicional en Guatemala. De hecho, su desmedido poder e intereses creados han buscado moldear la trayectoria y los resultados de los procesos jurídicos, un ejemplo claro es su intervención y exigencia a la Corte de Constitucionalidad para que la sentencia en contra Ríos Montt fuera anulado en mayo de 2013.[43] Esto indica que, en algunos casos, sino en la mayoría, la participación de las élites ha obstaculizado los esfuerzos para abordar la VSRC.

7. Recepción de la CEH y hallazgos sobre la VRSC

La recepción de la CEH o Comisión de la Verdad de Guatemala varió dependiendo de las diferentes perspectivas e intereses de los pueblos o de los sectores guatemaltecos poderosos que continuaron controlando el país, por eso, sus conclusiones y recomendaciones enfrentaron severos desafíos para brindar justicia y rendición de cuentas para las sobrevivientes. En el Tomo III, el informe de la CEH sentencia que “La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror y en grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.”[44] Mientras, en el Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones, en la conclusiones #29 explicita que “una de cuatro víctimas directas de las violaciones de Derechos Humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente.”[45] Y finalmente en la conclusión #91 indica “que se comprobó que la violación sexual de las mujeres durante su tortura o antes de ser asesinada, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de las personas.”[46] 

Las anteriores aseveraciones fueron generadas en base a los testimonios y entrevistas que procesaron y que fueron bien recibidas por las poblaciones y personas sobrevivientes, pero no por las elites económicas del país, las fuerzas militares y paramilitares que aun operaban. Una muestra de esas divisiones es la narración que sobre el día de la entrega del Informe elaborado por la CEH fue entregado al país, el 25 de febrero de 1999, en el Teatro Nacional, Prensa Libre publicó lo siguiente: “Los comisionados hicieron entrega del informe a representantes de la URNG, Gobierno y Naciones Unidas. Cuando el coordinador de la comisión, Christian Tomuschat, empezó a presentar el informe en líneas generales, el silencio invadió el lugar. Al escuchar que la mayoría de responsabilidades eran de las fuerzas de seguridad, se empezó a escuchar el grito: “! justicia, justicia!, que poco a poco se dispersó por toda la sala... Al finalizar el acto, [Álvaro] Arzú [el presidente de Guatemala] subió al escenario, donde se esperaba que recibiera el informe; sin embargo, sólo saludó a los integrantes de la mesa principal y partió.”[47]

Está crónica ejemplifica por un lado que el informe recibió apoyo de organizaciones de derechos humanos, grupos de víctimas y algunos sectores de la sociedad civil. Fue asumido como un paso crucial para reconocer y abordar las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido, porque arrojó luz sobre la responsabilidad de los actores estatales, incluidos los militares y los grupos paramilitares, por las atrocidades cometidas. Proporcionó un análisis complejo de las causas, patrones y consecuencias de la violencia, e hizo recomendaciones para la justicia, las reparaciones y las reformas institucionales.

Por otro lado, el entonces presidente Arzú, representante de la oligarquía guatemalteca no quiso recibir el informe y en los siguientes años fue uno de los principales opositores al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. En especial, nunca reconoció las violencias sexuales en contra de las mujeres. Entonces, el informe de la CEH enfrentó una importante resistencia por poderosos actores y grupos con intereses económicos, militares y políticos que querían mantener la impunidad. Algunos sectores dentro de las élites militares, gubernamentales y económicas rechazaron las conclusiones y recomendaciones del informe. Intentaron socavar la credibilidad de la CEH y la validez de sus conclusiones. Esta reacción violenta creó un obstáculo para la implementación de medidas de justicia y rendición de cuentas.

Las perspectivas de rendición de cuentas y justicia para las mujeres que vivieron VSRC en ese momento, 1999, eran desafiantes. El informe de la CEH destacó la necesidad de mecanismos integrales de justicia, incluido el establecimiento de tribunales especializados y la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales. Sin embargo, el sistema de justicia nacional enfrentó obstáculos como la corrupción, la intimidación de testigos y la falta de recursos y experiencia para manejar casos complejos de violencia sexual. Esos desafíos obstaculizaron el progreso hacia la rendición de cuentas por VSRC y otras violaciones de derechos humanos. Además, el clima político en Guatemala presentó otros desafíos, por ejemplo, los intereses de actores poderosos que estaban implicados en el conflicto y sus crímenes asociados chocaban con los esfuerzos de las sobrevivientes y de algunos jueces por impartir justicia. Esto resultó en una resistencia constante e intentos de socavar los procesos de rendición de cuentas, incluida la investigación y el enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales de casos de VSRC. 

Si bien el informe de la CEH desempeñó un papel vital en la sensibilización sobre la VSRC los desafíos para brindar justicia y rendición de cuentas fueron significativos. Superar la resistencia, fortalecer el sistema de justicia y abordar las dinámicas de poder subyacentes fueron cruciales para hacer avanzar la justicia y garantizar la rendición de cuentas por la VSRC y otros delitos cometidos durante el conflicto armado en contra de las mujeres mayas. Sin embargo, fue hasta 2009 que se publicó la primera investigación sobre las violencias sexuales y que se plasmaron en el libro: Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno, que documenta cómo en cuatro pueblos mayas, q’eqchi, mam, chuj y kaqchiqel, se ejecutaron estos crímenes. Este trabajo puso en el centro de la investigación las distintas violencias sexuales que las mujeres enfrentaron en el conflicto armado interno.[48] Por lo que toda persona interesada en aprender sobre la violencia sexual debe leer los informe de la CEH, del REMHI y el libro Tejidos que lleva el alma, para lograr una idea compleja de las violencias sexuales que enfrentaron las mujeres, en su mayoría mayas, como parte de la política insurgente del Estado.

8. VSRC: Recomendaciones de la CEH y su implementación

El Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, en Guatemala tuvo como objetivo brindar reparación a las víctimas de abusos a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996). Su mandato incluía el reconocimiento, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. El PNR fue creado en Guatemala el 7 mayo de 2003, a través del Acuerdo Gubernativo 258-2003 y fue propuesto por el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado entre la URNG y el gobierno de Guatemala en 1994, en su parte VIII, numeral 1.[49] Sin embargo, el Programa Nacional de Resarcimiento fue resultado directo de la CEH. El informe de la CEH contribuyó a crear conciencia sobre el alcance de los abusos a los derechos humanos, incluida la VSRC, durante el conflicto, y desempeñó un papel crucial en la formación de la comprensión de la necesidad de reparaciones. Los hallazgos de la CEH subrayaron la importancia de abordar la VSRC como un componente central de los esfuerzos de reparación. En las Conclusiones y Recomendaciones de la CEH se describe la urgencia de instalar el PNR y se proponen los principios y medidas, las y los beneficiarios, la estructura del programa, la financiación y el periodo de vigencia.

El PNR no aborda en su mandato de concepción atender directa y adecuadamente a las víctimas de la VSRC, porque era un delito del cual se hablaba poco para el momento en que fue creado el programa, porque como plantea Ursula Roldan, en esa época, “la principal limitante era el miedo de las mujeres a brindar sus testimonios sobre las atrocidades sexual que vivieron”.[50] Sin embargo, podrían considerarse medidas que les alcanzaban y que incluyen apoyo médico y psicológico, asesoramiento especializado, asistencia legal, resarcimiento e iniciativas socioeconómicas destinadas a empoderar a las sobrevivientes en sus comunidades. Además, campañas de concientización locales y nacionales para reducir el estigma y la discriminación asociados con el VSRC. Así como la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, incluidos colectivos que defienden los derechos de las mujeres y las organizaciones de mujeres sobrevivientes, viudas o huérfanas.

El programa ha enfrentado controversias y desafíos desde su apertura, incluidos la reducción permanente de los recursos financieros por el Estado, por ejemplo en el 2008 le asignaron Q300 millones pero le recortaron Q35.5; en 2009 y 2010 le adjudicaron Q250 millones pero en 2010 le recortaron Q121 millones dejándole Q129 millones; en 2014 le asignaron Q104 millones pero le recortaron Q52.4 millones; en 2015 lo asignado fue Q98 millones pero le quitaron Q25 millones y en 2016 solo le asignaron Q25 millones.[51] La constante reducción presupuestaria indica lo poco que el PNR importa para el Estado. A eso, hay que agregar la pugnas entre sectores políticos por el control y, además, a partir de diciembre de 2020 el PNR fue integrado al Ministerio de Desarrollo Social, que es otro indicador de la minimización y el arrinconamiento al que han condenado al programa, lo que evidencia que el tema de la reparación de la violencia sexual si no fue prioritario en sus inicios menos lo será ahora. Esto muestra la coordinación inadecuada entre todas las partes interesadas, que contribuyo a demoras en la implementación del PNR y ahora a su casi desaparición. A pesar de estos desafíos, el programa logró avances en la atención de algunas de las necesidades de las sobrevivientes y en la promoción de sus derechos, aunque no existe un dato que indique cuantas mujeres fueron resarcidas por violencia sexual.

En cuanto a las reformas institucionales que son cruciales para abordar la VSRC y la violencia de género que se conoció en los informes de la CEH y el REMHI se ha buscado fortalecer los procesos judiciales, promover la igualdad de género y mejorar el acceso a la justicia para los sobrevivientes a través de la Creación de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales en 2010, cuando se estableció con el objetivo de mejorar la persecución y sanción de los responsables de violencia sexual. Esta unidad se encarga de recopilar pruebas, investigar casos y colaborar con fiscales y jueces para llevar a cabo procesos judiciales. La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de 2009, se promulgó para fortalecer la protección de las víctimas de violencia sexual y garantizar la persecución de los responsables. Esta legislación establece penas severas para los delitos sexuales y mecanismos de protección y apoyo a las víctimas y sobre toda la Ley Contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia Contra la mujer que fue aprobada en 2008 luego de una dura y larga batalla de las organizaciones de mujeres y la Sociedad civil organizada en el Congreso de la República.[52] 

Si bien se han realizado esfuerzos para enfrentar la violencia sexual durante el CAI, aún persisten desafíos en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas en investigar, procesar y adjudicar los casos de VSRC y violencia de género que pasa por capacitación especializada para jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes sobre delitos de género. Así como el establecimiento de tribunales o unidades cada vez más especializadas para manejar casos de VSRC y la coordinación entre instituciones involucradas en el proceso judicial. Sin embargo, la impunidad, el racismo, la falta de recursos y la discriminación de género continúan siendo obstáculos para lograr una plena respuesta institucional a estos delitos. Aún deben hacerse esfuerzos significativos para mejorar el acceso de las sobrevivientes a la justicia, mediante programas de asistencia legal, brindando servicios de apoyo como refugios y espacios seguros para las mujeres y sus hijos, y asegurando que las sobrevivientes puedan acceder a la justicia sin temor a represalias. Y aun se deben implementar reformas legales sobre la VSRC ocurrida en el CAI y la violencia de género, asegurando que como mínimo se alinee con los estándares internacionales de derechos humanos.

9. VSRC: Cambios en las estructuras legales y de oportunidades políticas después de la CEH

La publicación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala marcó un hito en el reconocimiento y abordaje de la violencia de género, en particular la violencia sexual relacionado con el conflicto armado interno. De entonces han cambiado las estructuras legales y políticas para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGI) en Guatemala, en las últimas dos décadas ha buscado centrarse en la prevención de la violencia de género, en reformas institucionales, impulsar procesos de justicia transicional y en generar capacidades locales en los colectivos de mujeres para lograr la rendición de cuentas y el acceso de la justicia, así como mantener el apoyo internacional para el abordaje de la VSRC.

Tras la publicación del informe de la CEH, Guatemala fue testigo de notables reformas institucionales destinadas a promover la justicia de género y prevenir la violencia de género. Estas reformas incluyeron: crear la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en 1999 creada como parte del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIDIPI, con el mandato de “promover y desarrollar propuestas de políticas públicas, planes y programas para la prevención y defensa de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas.[53] La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en 2000, encargada de coordinar las políticas y acciones para la igualdad y la no violencia contra las mujeres.[54]

La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008), que establece medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que reconoce el femicidio como un delito y establece penas severas para los perpetradores. También la creación de la Unidad de Atención Integral a la Violencia contra la Mujer, en 2009, como una dependencia de la Policía Nacional Civil (PNC).[55] Y tiene la responsabilidad de investigar los casos de violencia de género, brindar apoyo y protección a las víctimas, y promover la prevención de la violencia.  

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, que fue creado en 2015, con el objetivo principal de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y de género. Se enfoca en la sensibilización, la educación, la promoción de los derechos de las mujeres y la atención integral a las víctimas de violencia.[56]

Además, Implementación de Juzgados Especializados en Violencia contra la Mujer, los cuales tienen la responsabilidad de conocer y juzgar los casos de violencia de género de manera especializada. Estos juzgados cuentan con personal capacitado en equidad de género y brindan un enfoque más sensible a las necesidades de las víctimas.  Estos son solo algunos ejemplos de las reformas institucionales y programas implementados en Guatemala luego de la firma de los Acuerdos de Paz para abordar la violencia de género y promover la justicia de género.

En el tema de la creación de instituciones especializadas, Guatemala estableció instituciones enfocadas en abordar la violencia basada en género y promover los derechos de las mujeres como la DEMI y la SEPREM. Además, la Fiscalía Especial para Delitos contra la Mujer para investigar y juzgar casos de violencia de género, incluida la VSRC. Esta institución desempeñó un papel crucial en la mejora de la rendición de cuentas de los perpetradores.

Además, en la institucionalidad publica, pero sobre todo en las organizaciones de base, comunitarias, ONG y otras se ha trabajado por la incorporación de la perspectiva de género en paz y seguridad para garantizar la integración de las perspectivas de género en las políticas públicas y organizativas. Esto implicó la participación de las mujeres y abordar la violencia de género dentro de los procesos de justicia transicional, y analizar las comisiones de la verdad y los programas de reparación. 

La relación entre los procesos de justicia transicional y las reformas de justicia de género están interconectados dado que el informe de la CEH arrojó luz sobre la naturaleza sistemática de la violencia de género durante el conflicto armado interno, impulsando la implementación de reformas de justicia de género. Los mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad reconocieron las experiencias de las sobrevivientes de la VSRC, contribuyendo al reconocimiento y validación de su sufrimiento y de su resistencia. Los hallazgos y recomendaciones de estos procesos ayudaron a dar forma a las reformas de justicia de género al resaltar la necesidad de la rendición de cuentas, reparaciones y cambios institucionales para prevenir la violencia a futuro. 

Las organizaciones y actores locales, que van desde las comunitarios hasta las nacionales han jugado un papel vital en la búsqueda de la rendición de cuentas y justicia para la VSRC en Guatemala. Dentro de las organizaciones clave se mencionan las siguientes, aunque no son las únicas: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que es una organización de derechos de las mujeres que se enfoca en abordar la violencia de género, incluida la VSRC. Brindan servicios de apoyo a las sobrevivientes, abogan por reformas legales y participan en campañas de concientización para desafiar las normas sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres. MTM acompañó a las señoras sobrevivientes de Sepur Zarco, quienes ganaron el primer juicio por violencia sexual en el marco del conflicto armado. También se encuentra la Fundación Sobrevivientes que apoya a mujeres que enfrentan violencia de género, incluida VSRC, brindando asistencia legal, apoyo psicosocial y defensa. La Fundación Sobrevivientes también trabaja para fortalecer la respuesta del sistema de justicia a los casos de violencia de género. 

También está CONAVIGUA que ha llegado a trabajar con más de 30 mil viudas sobrevivientes del conflicto armado interno. Además, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) que desarrolla procesos de acompañamiento psicosocial con mujeres que han sido víctimas de la violencia política como consecuencia del conflicto armado interno.[57] Women's Justice Initiative (WJI) empodera a las mujeres indígenas en Guatemala para buscar justicia por la violencia de género y que accedan a sus derechos. Brindan capacitación legal, promueven la educación comunitaria sobre los derechos de las mujeres y abogan por reformas legales para abordar la impunidad.[58]

Luego de la publicación del informe de la CEH aumentó el interés y el apoyo internacional para abordar la violencia basada en género. Esto se tradujo en oportunidades de financiamiento y colaboración para las OSC y ONGI. Organismos internacionales, como las Naciones Unidas y las agencias de desarrollo, destinaron recursos para apoyar programas y proyectos que buscan prevenir y responder a la violencia de género. Las Naciones Unidas (ONU) lo hicieron a través del PNUD que activamente ha promovido la justicia de género y abordar la VSRC en Guatemala. ONU Mujeres que ha apoyado la implementación de programas de prevención de la violencia de género, iniciativas de desarrollo de capacidades y reformas legales. ACNUR cuya oficina en Guatemala ha tenido el rol de acompañar y dar protección a las mujeres que sobrevivieron el conflicto armado interno en base a los derechos que les asisten.

El informe de la CEH proporcionó una recopilación clave de datos y testimonios sobre la violencia sexual. Esto permitió a las OSC y ONGI acceder a información precisa sobre la magnitud de los delitos, así como sobre las dinámicas y los patrones de la violencia. Esa información fue fundamental para la formulación de estrategias y programas, así como para abogar por cambios legales y políticos. Además, la publicación del informe de la CEH generó reconocimiento y se impulsó la importancia de incluir a las OSC y ONGI en los procesos de toma de decisiones relacionados con la búsqueda de la equidad de género. Se crearon espacios de diálogo y consulta en los que las organizaciones tuvieron la oportunidad de compartir sus perspectivas y recomendaciones e influir en la formulación de políticas y programas gubernamentales.

Finalmente, el informe de la CEH contribuyó a sensibilizar y concientizar a la sociedad guatemalteca y al mundo sobre la violencia sexual, la violencia basada en género y sus consecuencias a corto y mediano plazo en el plano individual y comunitario. Esto generó una demanda de acciones y medidas para abordar esta opresión, lo que a su vez brindó una plataforma para que las OSC y ONGI trabajaran en la sensibilización a todos los niveles, la educación y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.

10. Iniciativas de las OSC en materia de VSRC tras la publicación de la CEH

Las iniciativas emprendidas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Guatemala para abordar la VSRC luego de la publicación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fueron múltiples y esto ocurrió porque fue un tiempo de profunda esperanza para las sobrevivientes y para las organizaciones que surgieron de las propias comunidades que quedaron o que lograron reconstituirse, de hecho podría decirse que después del genocidio se vivió un renacer organizativo como nunca antes se había visto en la historia de las mujeres mayas de Guatemala, quienes en medio de tanto dolor, soledad, enfermedad y pobreza provocada por la guerra fueron capaces de levantarse y buscar justicia por sus seres amados que habían sido desaparecidos, torturados, asesinados o secuestrado. Aquí se presentan tres casos que son históricos para la jurisprudencia nacional e internacional, en donde las mujeres que vivieron la violencia sexual fueron colocadas en el centro del primer Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado realizado en Guatemala en 2010.[59] Luego se presenta el Caso Sepur Zarco (2016) y finalmente el Caso por violencia sexual que las señoras del pueblo Achí lograron llevar a los tribunales en 2022 a cuatro de los responsables luego de un largo y difícil proceso por la impunidad que arropa los tribunales nacionales. Se analiza el Caso CREOMPAZ, que está en curso, centrándose en si incluye consideraciones de la VSRC. Se presenta a los actores clave, las pruebas, los métodos empleados en la construcción de los casos, los peritajes que fueron realizados, los argumentos legales, las sentencias y su relación con los instrumentos legales nacionales e internacionales sobre la VSRC.

Primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual en el Conflicto Armado (2010)

El Primer Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el Conflicto Armado Interno, se realizó el 4 y 5 de marzo de 2010 se convirtió en un hito trascendental en la lucha por denunciar a nivel nacional e internacional que la violencia sexual que enfrentaron miles de mujeres durante el conflicto armado sí había existido en el marco de la política de tierra arrasada y de la política de genocidio hacia las poblaciones mayas y que dejó un legado de violencia, violaciones a los derechos humanos y graves abusos contra la población civil.[60] Durante ese período, las mujeres indígenas se convirtieron en víctimas de violencia sexual sistemática, utilizando la violencia sexual como una estrategia de guerra para sembrar terror y desmantelar las estructuras comunitarias. Sin embargo, la violencia sexual, a pesar de estar documentada en el informe de la CEH y el REMHI no fue reconocida por las fuerzas del Estado ni abordada adecuadamente por el Estado después de firmada la paz en 1996.

Este tribunal representó un paso significativo en la búsqueda de la verdad y la dignificación, tal y como lo planteaban las conclusiones de la CEH. En el Tribunal 9 mujeres sobrevivientes ocultando su identidad denunciaron lo que vivieron. El Tribunal de Conciencia fue impulsado por las mismas mujeres que empezaron a hablar sobre lo que vivido, entonces, La Unión de Mujeres de Guatemala (UNAMG), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Asociación Feminista La Cuerda, con el apoyo de organizaciones y comunidad internacional trabajaron en impulsar el tribunal. Ese proceso reunió como actoras fundamentales a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y otras esclavitudes, a miembros de comunidades que vivieron la violencia estatal, a miembros del área de justicia, representantes de la lucha por los Derechos Humanos en Guatemala y mujeres luchadoras y representantes de varios países que se constituyeron en el jurado que escuchó los testimonios de mujeres de diferentes rincones de Guatemala.

El Tribunal se basó en los testimonios de las sobrevivientes que narraron lo vivido en sus cuerpos y mentes, mostrando que en Guatemala la violencia sexual y la raza iban unidas porque golpeó en su mayoría a las mujeres de los pueblos mayas, evidenciando el rol clave del racismo en la destrucción de las vidas de las mujeres que era la destrucción de sus comunidades y culturas. Por eso, fue un paso en la lucha por enfrentar el manto de impunidad que cubria esos delitos, porque las mujeres sobrevivientes hablaron y compartieron lo que ellas, sus familias, comunidades y pueblos habían vivido en uno de los más oscuros períodos de la historia del país.

Este tribunal no tenía poder judicial, pero se creó como un espacio de denuncia, testimonio y reconocimiento simbólico de los crímenes cometidos. El tribunal permitió examinar el contexto histórico y político en el que ocurrieron los crímenes, así como las consecuencias a largo plazo para las mujeres y sus familias. Además, generó conciencia sobre la necesidad de abordar la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas de violencia sexual. Sus conclusiones y recomendaciones contribuyeron a fortalecer la lucha por los derechos de las mujeres indígenas y a impulsar la preparación de casos concretos que fueron llevados al sistema de justicia en los años siguientes.

Caso Sepur Zarco (2016)[61]

El caso de la comunidad de Sepur Zarco, ubicada en el departamento de Izabal, al norte de Guatemala, se basa fundamentalmente en la denuncia testimonial de 15 señoras del pueblo maya-q’eqchi’ que fueron violadas sexualmente de manera individual y colectiva por miembros del ejército de Guatemala, simultáneamente sometidas a esclavitud doméstica, así como a otras formas de tortura que incluye el asesinato y/o la desaparición de sus esposos e hijos y la destrucción de todos sus medios de vida desde sus viviendas hasta sus alimentos.[62] Estas múltiples violencias que enfrentaron las obligaron a huir a las montañas en donde la mayoría perdieron algunos de sus hijas e hijos pequeños por falta de alimentos, agua, infecciones y profundo cansancio dado que cada día debían moverse para no ser ubicados por miembros del ejército que durante años los persiguieron por las montañas. Una de ellas, representa el caso más dramático porque perdió a todos sus hijos, quienes murieron uno a uno de hambre, susto o enfermedades, mientras que las señoras que no huyeron fueron convertidas en esclavas sexuales y obligadas so pena de muerte, a servir en los destacamentos militares que se instalaron en sus comunidades de 1982 a 1988.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, además de los testimonios de las sobrevivientes tuvo a como pruebas los restos exhumados en 2012, en una fosa común ubicada en la comunidad Las Tinajas, en donde encontraron a 51 cuerpos de esposos, padres e hijos que fueron detenidos, torturados y asesinados por miembros del ejército, asi como los peritajes de más de 20 expertos nacionales e internacionales. Así que luego de 22 audiencias, el 2 de marzo de 1996, el Tribunal encontró culpables al Teniente Coronel del Ejército de Guatemala Esteelmer Francisco Reyes Girón, de 59 años al momento de la sentencia, por el delito de asesinato de tres mujeres -una madre y sus dos niñas, una de ellas de un año y la otra de cuatro años de edad al ser asesinadas- por este delito recibió 90 años de prisión más 30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, de acuerdo al artículo 378 del Código Penal guatemalteco, por violencia sexual y tratos humillantes y degradantes en agravio de menores y contra mujeres maya-q’eqchi’ para un total de 120 años de prisión inconmutables, de acuerdo al Tribunal, por “autorizar y consentir que soldados del ejército de Guatemala bajo su mando, realizaran…hechos crueles e inhumanos.” Y a Heriberto Valdez Asig de 65 años -al momento de emitirse la sentencia- quien fungió como Comisionado Militar en la década de 1980 en esa región del país. Valdez Asig fue condenado por los delitos de desaparición forzada, de acuerdo al Artículo 201, del Código Penal, de siete hombres de esas comunidades q’eqchi’, recibiendo un total de 210 años de prisión, 30 años por cada desaparición y 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual que ejerció contra mujeres q’eqchi, que durante esa época tenían diferentes edades, desde adolescentes hasta adultas, recibiendo un total de 240 años de prisión inconmutables. Finalmente, el tribunal emitió 18 medidas de reparación para 11 señoras sobrevivientes de las 15 que iniciaron el proceso, que alcanza también a sus comunidades.[63]

Las señoras de Sepur Zarco lograron recorrer el camino de la búsqueda de la justicia acompañadas de las organizaciones Mujeres Transformando el Mundos que les respaldó en el área jurídica construyendo una estrategia de litigio estratégico, ECAP que las acompañó en el proceso emocional y psicosocial para enfrentar el trauma, UNAMG que construyó con ellas y para ellas un proceso de empoderamiento político. Como resultado en el 2014, las señoras conformaron la Colectiva Jalok U, que se constituyó en querellante del proceso penal. Este proceso las convirtió a las sobrevivientes, quienes esperaron 30 años en ser escuchadas, en actoras nacionales e internacionales mostrando al mundo que cuando existen tribunales imparciales es posible llevar a los perpetradores al sistema de justicia, para que enfrenten sus crímenes. Este fue el primer caso en la historia universal en donde un tribunal nacional logró enjuiciar por esclavitud sexual, ocurrida en el marco de un conflicto armado, a dos de los responsables utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional.

Caso de señoras del Pueblo Maya-Achí (2022)

Con el inicio del Siglo XXI diversas mujeres del pueblo maya-achi enfrentaban múltiples enfermedades físicas y problemas emocionales, todas tenían en común que eran sobrevivientes del Conflicto Armado Interno y eran acompañadas por el Bufete Jurídico Popular de Rabinal (BJPR) que acompañaba casos de masacres y desaparición forzada en varias comunidades. Es así como al escuchar sus dolores, todos tenían relación con la violencia sexual que en sus diferentes comunidades ellas habían enfrentado y que fue ejercida por el ejército al irrumpir en sus comunidades y acallar las voces que se negaban a dejar sus tierras ante la imposición sin consulta de la construcción de la Hidroeléctrica Chichoy, en 1975, la represa más grande de Centro América para ese entonces. Ante la negativa de más de 30 comunidades el Estado amplio el conflicto armado a esa región y golpeó con desapariciones, masacres y arrasamiento al pueblo achí, al extremo que el 20 por ciento de su población fue aniquilada por el ejército de Guatemala en sus campañas de exterminio entre 1978 a 1984. Fue un plan que busco la destrucción de comunidades completas, la persecución de familias, el ataque a mujeres, niñas y ancianos fue brutal y sobrepasa cualquier manual de guerra. Esta destrucción humana en el pueblo achí la logró el ejercito con el apoyo de los Comisionados Militares y los Patrulleros. fueron sometidas a violaciones, esclavitud sexual, tortura y asesinato, como parte de una estrategia de guerra para desmoralizar y aterrorizar a la población civil.

Para 2010 un colectivo de mujeres achí, de la comunidad de Chihupac y que sobrevivieron la masacre estaban preparadas para buscar justicia por la desaparición de sus seres queridos y es allí en donde surge sus denuncias sobre la violencia sexual que vivieron. En los siguientes años, mientras el BJPR acompañaba otros casos, en todos surgía la violencia sexual que vivieron en las plazas, mercados, en sus casas, ríos, destacamentos militares, en las montañas o espacios abandonados, hasta sumar 36 mujeres dispuestas a llegar a los tribunales y demandar justicia. Así que para 2011 y 2012 las abogadas Haydee Valey y Gloria Reyes Xitumul presentaron las denuncias. Posteriormente se unió la abogada Lucía Xiloj y presentaron el caso que incluía los hechos, las testigos, las propuestas de los peritajes y demás medios de prueba al juzgado de Mayor Riesgo A, en 2018, el cual estaba a cargo de la jueza Claudette Domínguez, quien cuestionó y desechó los testimonios de las sobrevivientes y dejo libre a los supuestos responsables que estaban detenidos en su resolución que emitió el 21 de junio de 2019. Por esta resolución y otras sentencias la jueza Domínguez es permanentemente cuestionada por las personas que buscando justicia han encontrado en ella a una aliada de la impunidad y defensora de miembros del ejército y de responsables de cometer delitos durante el CAI. Además, es una de las juezas que ejerció la discriminación racial y el clasismo en contra de las señoras achí y en contra de las abogadas que las representaban el ser indias rebeldes influyó para que se les negara la justicia, en esa línea debe leerse el actuar de la jueza Claudette Domínguez, quien ha sido afín a los poderes militares. Aunque ese no ha sido el único caso en que la jueza ha actuado en esa línea.

Ante este revés el BJPR apeló a la resolución de la jueza Claudette y el caso llegó al juez Miguel Ángel Gálvez, quien envió a juicio a 5 de los 7 responsables miembros de las ex Patrullas de Autodefensa Civil, responsables de haber ejercido violencia contra las señoras y que habían sido detenidos en mayo de 2018.[64] Los expatrulleros detenidos y acusados fueron Juan Cecilio Guzmán, Pedro Sánchez, Damián Cuxum, Simeón Enrique Gómez, Felix Tum, y los hermanos Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino.

Este es el segundo juicio por violencia sexual cometido en contra de mujeres indígenas en el marco del conflicto armado interno. Y que se realizó luego de 40 años de que las señoras cargaran sus historias de violencias sexuales y los crímenes en sus cuerpos y mentes, finalmente el Tribunal A de Mayor Riesgo en base al testimonio de las sobrevivientes y 20 peritajes realizados por expertas y expertos nacionales e internacionales determinó la culpabilidad el lunes 24 de enero de 2022 a cinco expatrulleros civiles, siendo ellos Benvenuto Ruis Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxún Alvarado, quienes fueron condenados a 30 y 40 años de prisión por delitos de lesa humanidad, por esclavitud y violencia sexual durante el conflicto armado interno.

A pesar de las dificultades y el silencio impuesto, las señoras achí lograron justicia y poner fin a la impunidad en la que vivieron durante más de 30 años. Su lucha es un testimonio de resistencia y coraje, y destaca la importancia de reconocer y abordar las violencias de género en situaciones de conflicto. A pesar de las atrocidades sufridas, las mujeres achí no se quedaron en silencio y resignación sino decidieron levantarse y exigir justicia por los crímenes sexuales cometidos en su contra. Denunciaron públicamente a sus perpetradores y emprendieron acciones legales para llevarlos ante la justicia. Su lucha ha sido una inspiración para muchas otras víctimas de violencia sexual en situaciones de conflicto, y ha continuado abriendo el camino para romper el ciclo de impunidad.[65]

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por la jueza Iris Jazmín Barrio, como presidenta y los vocales, Patricia Bustamente y Gervi Sical, emitieron el 28 de enero de 2022 las medidas de reparación digna, en base a la sentencia que emitieron el 24 de enero, cuatro días antes, que dividieron en cuatro bloques, siendo el primer bloque las de indemnización económica, las de rehabilitación, las de satisfacción y las de no repetición.[66] La búsqueda de justicia de las mujeres achí no se limitó únicamente a la persecución de los responsables, sino que buscó una reparación que abarcara aspectos psicológicos, sociales y económicos para sus comunidades. Como colectivo lucharon por el reconocimiento de su sufrimiento y la necesidad de recibir apoyo emocional y psicológico. Además, demandaron programas de desarrollo que promuevan su autonomía económica y fortalezcan su participación en la toma de decisiones dentro de sus comunidades.

La lucha de las mujeres achí tiene importancia trascendental en múltiples niveles. En primer lugar, es un acto de resistencia contra la violencia sexual y el patriarcado en el que se sostiene el Estado de Guatemala y sus fuerzas de seguridad. Por lo que las mujeres se negaron a ser vistas únicamente como víctimas y se empoderan al alzar su voz y exigir justicia. Destacando en su lucha destaca la necesidad de abordar la violencia sexual como un componente central en los procesos de construcción de paz y reconciliación luego de sangrientos conflictos armados. Asimismo, la lucha de las mujeres achí desafía la impunidad y contribuye a la construcción de un sistema de justicia justo e inclusivo. Al lograr llevar a los perpetradores ante los tribunales, a pesar de sus niveles de pobreza material, y denunciar la violencia sexual, enviaron un mensaje contundente, que a pesar de que pasen los años, los crímenes de guerra en contra de las mujeres no deben quedar impunes. Esa persistencia y valentía son han sido fundamentales para transformar las estructuras sociales y garantizar que la violencia sexual sea abordada de manera efectiva. Porque solo a través de la justicia se puede honrar la memoria de todas mujeres víctimas de múltiples violencias que les impuso el conflicto armado interno.

Caso CREOMPAZ

El Caso Creompaz se refiere al centro clandestino de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones sexuales. Es, además, la fosa común más grande que hasta la fecha ha sido descubierta en América Latina, en donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) exhumó en cuatro fosas, entre 2012 y 2015, 558 osamentas en lo que fue la Zona Militar No. 21, una de las más grandes del país, desde donde se ejercía el rol de coordinación e inteligencia militar para los departamentos del norte de Guatemala y que se encontraba ubicada en Cobán, Alta Verapaz.[67] En este lugar se cometieron los crímenes de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad , según las investigaciones históricas y de la cadena de mando, fueron cometidos por los altos mandos del ejército de Guatemala entre 1975 y 1990. Luego de firmarse los Acuerdos de Paz, en las instalaciones se estableció el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz).[68]

Las investigaciones por ubicar los cementerios clandestinos ubicados en este lugar iniciaron en 2012. Y en ese mismo año FAFG logra en el segundo intento iniciar las exhumaciones, encontrando osamentas con las manos atadas hacia atrás, pies amarrados, ojos vendados, algunos decapitados, otros con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La FAFG determino que de las 558 osamentas 90 correspondían a menores de edad, 443 a personas adultas por su estado aun sin definir si eran hombres o mujeres y 22 sin identificar.[69] 

El Ministerio Publico identifico a través de pruebas de ADN a 128 personas, quienes fueron detenidas entre 1981 a 1988. Se determinó que las personas provenían de la comunidad de los Encuentros quienes habían huido de las masacres de la Comunidad de Río Negro, de la comunidad de Pambach, del Barrio San Sebastián del municipio de San Cristóbal Verapaz y del municipio de Chisec. La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno del Ministerio Publico determino que 88 de las víctimas entre niños, mujeres y hombres eran desaparecidos de los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Y esto llevó a establecer tres niveles de responsabilidad el primero es el Alto Mando Militar, integrado por el presidente o jefe de Estado por ser el comandante General del Ejército, el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor. El segundo es el área de inteligencia, planificación y supervisión del Estado Mayor del Ejército y que daba órdenes a las zonas militares, que estaba a cargo del general Benedicto Lucas García. Y el tercero era el operativo que era la burocracia jerárquica que existía dentro de cada zona militar y que incluía inteligencia operaciones de secuestros, torturas, violaciones sexuales, interrogatorios, ejecuciones y entierros.  

Ante lo que estas cuatro exhumaciones arrojaron el MP, por primera vez en la historia de Guatemala imputo a 22 altos mandos del ejército de Guatemala, entre ellos generales de División y de Brigada. Y el juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor riesgo emitió en 2016 orden de aprensión en contra de los 22 sindicados, de las cuales solo se detuvieron a 14 y 8 se dieron a la fuga.[70] A partir de ese momento las distintas audiencias se convirtieron en espacios dilatorios para la justicia que solo beneficiaron a los militares. Porque la jueza a cargo Claudette Domínguez separó a algunos militares, otros se les dejo libres, algunos cargos fueron clausurados, mientras que a otros se les redujeron los delitos y también el sobreseimiento de la mayoría de los de los hechos. La jueza logro fragmentar el caso y sobre todo frenar la continuación de este. A la fecha, desde el mismo sistema de justicia de Guatemala se ha estancado el caso y no se ha llegado a la etapa de ofrecimiento de pruebas lo cual dificultado el acceso a la justicia a los familiares y a los sobrevivientes de las comunidades.   

El caso Creompaz busca esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos en esa región de Guatemala durante el conflicto armado interno y juzgar a los responsables. Esto es fundamental para garantizar el derecho de las víctimas y sus familias sobre la verdad y la obtención de justicia. La investigación del caso y la documentación de los crímenes cometidos contribuyen a preservar la memoria histórica y a reflexionar sobre los crímenes cometidos en Guatemala durante el conflicto armado interno, evitando que estos hechos sean olvidados y promoviendo la no repetición de atrocidades similares en el futuro. El caso es un recordatorio de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, desde los niños hasta los ancianos en todo momento. Permite poner de relieve las violaciones sistemáticas y generalizadas que ocurrieron en esa región y trabajar por la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos. Y, por último, el Caso Creompaz es uno de los esfuerzos desde los sobrevivientes, familiares, comunidades y organizaciones por combatir la impunidad en Guatemala que, hasta ahora, a pesar de las evidencias resguarda a las más altas autoridades del país y del Ministerio de la Defensa. La investigación y el enjuiciamiento de los responsables enviaría un mensaje claro de que los crímenes de lesa humanidad no deben de quedar impunes, buscando establecer un precedente en la lucha contra la impunidad en el país y daría el mensaje de que nadie, sin importar el poder o el cargo que haya desempeñado es superior a la ley.

Análisis Comparativo de los Casos. Similitudes y diferencias en los enfoques

Los casos de Sepur Zarco y de las señoras del pueblo Achí son los que poseen las mayores similitudes, dado que ambos buscaron que se juzgaran y se castigaran los delitos de violencia sexual en contra de las mujeres indígenas en el marco del conflicto armado interno. Ambos mantuvieron un enfoque similar, aunque quizá una diferencia entre ambos es que las abogadas que construyeron el caso de las señoras achí y lo llevaron a los tribunales, fueron tres abogadas mayas, esto permitió que las señoras sobrevivientes pudieran sentir y construir niveles de confianza orgánicos, dada la compresión del idioma, dado que no necesitaron intérpretes, así como el conocimiento del marco y el contexto cultural. En el caso de Creompaz, la violencia sexual no es uno de los principales delitos que se busca juzgar. Y mientras Sepur Zarco y el caso Achí lograron sentencias y reparaciones, el caso Creompaz está totalmente estancado y con severas dificultades para avanzar en el momento actual en donde el Ministerio Publico está al servicio de los sectores económicos y militares.  

Ambos juicios permitieron a las sobrevivientes de violencia y esclavitud sexuales y servidumbre durante el conflicto armado obtener justicia y reconocimiento por los crímenes cometidos en su contra. Marcaron un hito en la lucha contra la impunidad en Guatemala y el mundo. El de Sepur porque fue el primer caso de violencia sexual cometido en el marco de un conflicto armado que se juzgó en el mismo país en donde se cometieron los crímenes y que condenó a miembros del ejército por delitos de violencia sexual como esclavitud sexual y violación. Y el de las señoras achí se convirtió en el segundo. Ambos juicios permitieron que las historias de las víctimas fueran escuchadas a nivel nacional e internacional y se revelara a través del proceso, de los peritajes y de las pruebas la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado. Las declaraciones de las víctimas y los testimonios fueron fundamentales para escuchar, aprender y aceptar que esos crímenes cometidos. Y finalmente, ambos juicios se convierten en precedentes importante para futuros sobre violencia sexual y crímenes de lesa humanidad en Guatemala y en cualesquiera otros países del mundo,[71] dado que contribuyó a establecer la responsabilidad penal de los perpetradores de este tipo de delitos en contra de las vidas, cuerpos, familias y comunidades de las mujeres. 

Sin embargo, a pesar de los avances logrados con estos dos juicios, muchas otras víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado de Guatemala aún no han podido acceder a la justicia y sobrepasar los obstáculos legales y sociales para lograrlo. El juicio de Sepur Zarco y de las señoras achi se centró en los delitos de violencia y esclavitud sexuales solo en dos regiones concretas. Esto significa que otros crímenes similares cometidos en otras comunidades no fueron y quizá no serán abordados en futuros proceso. Antes y durante los juicios, así como después de su conclusión, las sobrevivientes y los testigos enfrentaron amenazas, intimidación y otros obstáculos para su seguridad y bienestar sin que recibieran garantías de seguridad del mismo sistema de justicia. Estas amenazas pueden tener un impacto negativo en otras sobrevivientes para buscar justicia. Aunque los juicios permitieron formas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades, luego de las sentencias, muchas de esas reparaciones no se han cumplido por falta de voluntad del mismo Estado, por lo que, si no ha habido respuesta a corto plazo, menos lograran reparación a largo plazo porque la mayoría son ancianas y están muriendo. La justicia nacional tardo décadas en llegar y escuchar a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, en parte porque eran indígenas, pobres, rurales, monolingües y sin poder frente a los ojos del sistema de justicia ordinario.

11. Impacto en el abordaje de la VSRC en Guatemala

Como este trabajo muestra en Guatemala, la violencia sexual contra las mujeres indígenas ha sido históricamente un problema arraigado, con altos niveles de impunidad y falta de acceso a la justicia. Sin embargo, en los últimos años, luego del juicio de las señoras de Sepur Zarco y del juicio de las señoras achí ha habido un leve aumento en la conciencia pública sobre estos delitos y una mayor presión desde las sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos para abordarlas y buscar justicia de manera efectiva.

El abordaje de la violencia sexual contra las mujeres en Guatemala ha implicado, en las últimas dos décadas múltiples acciones y esfuerzos. Algunas de las medidas incluyen reformas legales para fortalecer la protección de las mujeres y sancionar a los agresores. En 2008 se aprobó la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer.[72] En el 2009, se aprobó la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que amplió las definiciones de violencia sexual y estableció sanciones más severas para los delitos relacionados.[73] Además, en 2017 se promulgó una reforma al Código Penal que tipifica el delito de femicidio y establece penas más duras para los responsables.

También está la creación de instituciones especializadas para atender casos de violencia sexual, como la Fiscalía Especializada contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas instituciones tienen como objetivo brindar una respuesta más efectiva a las víctimas y garantizar una investigación y persecución adecuadas de los delitos. Así mismo campañas de concienciación para formar y educar a la población sobre la violencia sexual, sus consecuencias y cómo denunciar. Estas campañas buscan romper el silencio y el estigma que rodea a la violencia sexual, fomentando la denuncia y promoviendo una cultura de respeto y igualdad de género.

El respaldo a las víctimas a través de programas de apoyo y atención a quienes enfrentan este delito, incluyendo servicios de atención médica, asesoramiento psicológico y asistencia legal. Estos programas buscan brindar un apoyo a las mujeres que sobreviven a estos ataques, tanto durante el proceso legal como en su proceso de recuperación. Aunque los impactos, podría decirse que son significativos debe de reconocerse que a pesar de los esfuerzos para abordar la violencia sexual contra las mujeres en Guatemala, aún existen desafíos significativos, como el nuevo incremento de la impunidad, la falta de recursos en las organizaciones de la sociedad civil, así como el mismo sistema de justicia y la discriminación y el racismo que aun persistente y que dificultan la efectividad o la implementación de las medidas asumidas desde la institucionalidad estatal. Además, la violencia sexual sigue siendo un problema arraigado en las estructuras patriarcales del Estado y en muchas otras instituciones públicas y privadas lo que requiere la permanente construcción de un enfoque complejo y a largo plazo para enfrentar este delito y lograr un cambio significativo en las vidas y cuerpos de las mujeres de todas las edades y también en la sociedad en general.

Análisis de Relación con Instrumentos Legales Nacionales/Internacionales sobre VSRC

El caso de Sepur Zarco y el de las señoras del pueblo achí son ejemplos significativos de la relación entre los instrumentos legales nacionales e internacionales sobre la violencia sexual. En las comunidades aledañas a Sepur Zarco y en más de 30 comunidades del pueblo achí se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como la violencia sexual en contra de las mujeres indígenas que vivían allí, en el marco del conflicto armado interno. En ambos casos, las mujeres indígenas fueron víctimas de esclavitud y violencia sexuales, así como de esclavitud labor y asesinato por miembros del ejército guatemalteco.

En términos de instrumentos legales internacionales, ambos casos se enmarcan en el marco legal de los derechos humanos y de la justicia internacional. La violencia sexual es considera en esos niveles como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, que están prohibidos por el derecho internacional humanitario, establecido en los Convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales.[74] Además, la violencia sexual se considera una grave violación de los derechos humanos fundamentales, protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.[75] El Derecho Internacional Humanitario.[76] También planteado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[77] Así como en otros instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) este tratado internacional establece la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También garantiza el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de violencia de género.[78] El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que establece la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La violencia sexual, incluyendo la esclavitud sexual, se considera un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.[79] Y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.[80] Además, la jurisprudencia internacional que otros tribunales han usado en delitos similares, como el de la ex Yugoslavia y Ruanda, especialmente en cuanto a la valoración de los testimonios de las víctimas de violencia sexual.[81]

Como explicaron las abogadas que defendieron a las señoras del pueblo achí, es muy importante la aplicación del derecho internacional “ya que estos tipos de delitos se conocen como «delitos de soledad», ya que no necesariamente hay testigos que corroboren las declaraciones de las víctimas.” Para la abogada Xiloj el juez Gálvez consideró la jurisprudencia internacional para hacer los análisis de los medios de investigación presentados por el MP. Además, habló sobre la importancia de conocer el contexto de los casos. Estos instrumentos establecen estándares y obligaciones para los Estados en la prevención, persecución y reparación de la violencia sexual. A nivel nacional, es responsabilidad de los Estados implementar y hacer cumplir estos instrumentos a través de su sistema legal interno.

A nivel nacional, ambos casos, fueron abordado a través del sistema legal guatemalteco. En 2016, por ejemplo, con el caso de Sepur Zarco se logró un hito histórico a nivel nacional e internacional cuando un tribunal guatemalteco condenó a dos exoficiales militares por esclavitud y violencia sexuales, así como esclavitud laboral, cometidos en contra de las señoras q’eqchi’ de esa y otras comunidades aledañas. Este juicio fue posible gracias a la valentía de las víctimas para buscar justicia y a los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos.  Para el caso de la justicia guatemalteca se aplicó la legislación relacionada con los crímenes de guerra y los delitos sexuales para perseguir a los responsables de los abusos en ambos casos. Algunas de las leyes relevantes fueron: diversos artículos de la Constitución Política de Guatemala,[82] la Ley de Reconciliación Nacional que establece que los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala no pueden ser objeto de amnistía.[83] Esto ha permitido que los responsables de los crímenes en ambos casos fueran procesados y condenados. 

La Desaparición Forzada de Personas que registra el Código Procesal Penal, el Código Penal Guatemalteco en el artículo 201 que establece la prohibición y sanción de la desaparición forzada de personas.[84] El Código Penal que tipifica los delitos sexuales y la desaparición forzada, y establece las penas correspondientes. En el caso de Sepur Zarco y de las señoras achi, los perpetradores fueron juzgados y condenados por delitos como violación, esclavitud sexual y esclavitud laboral, así como desaparición forzada y asesinato. Ambos tribunales consideraron que las acciones cometidas por los militares constituyeron desapariciones forzadas.

Estos dos casos el de Sepur Zarco y de las señoras achi destaca la importancia de la interrelación entre los instrumentos legales nacionales e internacionales. Los instrumentos internacionales y los nacionales en conjunto proporcionan un marco legal y normativo para abordar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Las condenas de los responsables en el sistema legal guatemalteco se basaron en principios y normas establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y justicia penal internacional. Estos casos representan un avance significativo en la búsqueda de justicia para las mujeres que en un momento de sus vidas son víctimas de violencia sexual y contribuye a establecer un precedente para futuros casos similares.

Referencias

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Notes

^[1] Tomo I CEH.

^[2] ECAP/UNAMG (2006).

^[3] Falla (2021).

^[4] Figueroa Ibarra (1980).
[5] Epe y Kepfer (2014).
[6] Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas en 1981. Vease Tomo II Cap 2 REMHI.
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI-Tomo2.htm#t2c2e3
consultado 25 de julio 2024.
[7] Fundación Contra el Terrorismo (2013).
[8] Sobre el caso de Obispo Juan Geradi, asesinado en 1998 por militares guatemaltecos https://www.derechoshumanos.net/genocidioguatemala/libro-cap3-crimenes-de-estado-procesos-judiciales.htm Consultado julio 2024.
[9] Casaus Arzú (2008).
[10] Centeno Martin (2021).
[11] Sobre las luchas de la comunidad de Río Negro. https://summa.cejil.org/es/entity/hh9jedx3noa2lnmi Consultado julio 2024.
[12] CEH (1999); ECAP-UNAMG (2006); Boesten (2022); Crosby y Lykes (2011); Crosby, Lykes y Caxaj (2016).
[13] Conocida también como Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas.
[14] El informe “Guatemala Nunca Más” fue elaborado por el proyecto REMHI de la Iglesia Católica, dirigido por el obispo Juan Gerardi, tuvo como objetivo documentar los abusos a los derechos humanos y las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Se centró en masacres de pueblos mayas, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares y guerrilleros.
[15] ECAP-UNAMG (2006).
[16] El informe de la CEH reconoció que sus hallazgos representaron una estimación mínima debido a las limitaciones en la información disponible y el acceso a las áreas afectadas.
[17] Carey (2013); Martínez Salazar (2014).
[18] Domínguez Ogaldes (2023).
[19] Carey y M Torres (2010); Godoy-Paiz (2012); Morales Trujillo (2010).
[20] Barrios Klee (2021); Oxfam Internacional Programa en Centroamérica (2022).
[21] En la cumbre de Esquipulas II, que se realizó en agosto de 1987, se aprobó el Procedimiento para establecer la Paz firme y Duradera en Centroamérica”. Las negociaciones de paz iniciaron con el presidente Vinicio Cerezo (1986-1991) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinó a los 4 grupos guerrilleros que lucharon contra el gobierno durante 36 años. Las negociaciones se realizaron bajo el auspicio de las Naciones Unidas y tenían como objetivo alcanzar una resolución pacífica al conflicto. Las negociaciones duraron varios años y culminaron con la firma del Acuerdo Final de paz el 29 de diciembre de 1996, que puso fin al conflicto armado.
[22] En el proceso de paz se firmaron acuerdos claves entre el Estado y la URNG, como el Acuerdo de Paz Firme y Duradera (1996) que estableció el marco para el proceso de paz y delineó los compromisos asumidos por ambas partes. Abarca derechos humanos, desarrollo socioeconómico, derechos indígenas y reformas políticas. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) reconoce los derechos de la población indígena y promueve la participación e inclusión de las comunidades indígenas en lo político, social y económico. El Acuerdo sobre Aspectos Económicos y Sociales y Situación Agraria (1996) se centra en las desigualdades sociales y económicas, en reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y la atención médica y en crear instituciones para abordar los problemas de distribución de las tierras cultivables. El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el Rol de las Fuerzas Armadas en una Sociedad Democrática (1996) para transformar el papel de las Fuerzas Armadas de Guatemala en una institución profesional, que respetara los derechos humanos, apolítica y subordinada a la autoridad civil. El Acuerdo sobre el Reasentamiento de Personas Desplazadas y Refugiados (1994) que abordó el tema de los desplazados internos y refugiados que se vieron obligados a huir de sus hogares durante el conflicto, por eso, brindaba asistencia y apoyo para su retorno, reasentamiento y reintegración al país.
[23] Si bien la CEH fue establecida en el Acuerdo de Oslo de 1990, sus labores empezaron luego de firmarse la paz, concretamente el 31 de julio de 1997. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GT_900330_OsloAgreement%28esp%29.pdf Consultado en mayo 2023.
[24] Para este artículo se buscó contactar a Christian Tomuschat, pero dada su edad no responde entrevistas, mientras que Alfredo Balsells Tojo falleció en 2003, las preguntas se enviaron a la única comisionada sobreviviente de la CEH Otilia Lux de Coti, quien luego de dos consultas indicó que por demasiadas responsabilidades no podía responder.
[25] Véase CEH, Vol. I, pp.33.
[26] Entrevista respondida el 16 de mayo 2023, el entrevistado solicitó omitir su nombre.
[27] Úrsula Roldán es la directora del Centro de Investigaciones Globales de la Universidad Rafael Landívar.
[28] Entrevista respondida el 16 de mayo 2023, el entrevistado solicitó omitir su nombre.
[29] García-Godos y Salvadó (2016); Brett (2016): McAllister y Nelson (2013).
[30] El informe del REMHI fue presentado en la Catedral Metropolitana por el Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis, Monseñor Juan Gerardi el 24 de abril de 1998. Consta de 4 tomos que suman 1.400 páginas e incluye más de 6.000 testimonios. 48 horas después de presentarlo, Gerardi fue asesinado.
[31] REMHI tuvo 2 o 3 coordinadores por cada diócesis, que son casi equivalentes a los 22 departamentos que posee Guatemala.
[32] Véase la Presentación General del REMHI, pág. XXI.
[33] Consúltese Tomo I, Guatemala Nunca Más, Capitulo Sexto pág. 203-237 que se basó en 185 testimonios, más 24 entrevistas a mujeres en diferentes áreas de Guatemala
[34] Consúltese Tomo I, Capitulo Sexto, pág. 205 del REMHI.
[35] Véase REMHI, Tomo I, Capitulo Sexto, págs. 212-214
[36] Para conocer más sobre CONAVIGUA consúltese https://conavigua.org.gt/es/ Consultado julio 2024.
[37] Para más información sobre FAMDEGUA véase: https://memoriavirtualguatemala.org/?page_id=1990
Consultada julio 2024.
[38] Burt (2018).
[39] https://caldh.org.gt/quienes-somos/# consultado julio 2024.
[40] https://mujerestransformandoelmundo.org/ consultado julio 2024.
[41] Burt (2019).
[42] O'Rourke (2013); Boesten (2018).
[43] Masek (2023).
[44] Guatemala Memoria del Silencio Tomo III, pág. 13.
[45] Guatemala Memoria del Silencio Tomo V, pág. 28.
[46] Guatemala Memoria del Silencio Tomo V, pág. 44.
[47] Prensa Libre, version electrónica, consultada mayo 2023.
[48] La investigación fue realizada de 2006 a 2009 por Amandine Fulchiron, Olga Alicia Paz y Angelica López. https://www.actorasdecambio.org.gt/wp-content/uploads/2020/11/Tejidos-que-lleva-el-alma.pdf
Consultado julio 2024.
[49] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1308.pdf Consultado julio 2024.
[50] Entrevista Ursula Roldán, abril 2023.
[51] Véase https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/se-reduce-asignacion-de-recursos-para-resarcimiento/ consultado mayo 2023.
[52]https://www.oas.org/dil/esp/ley_contra_el_femicidio_y_otras_formas_de_violencia_contra_la_mujer_guatemala.pdf consultado julio 2024.
[53] https://www.demi.gob.gt/-quienes-somos-.html Consultado julio 2024.
[54]https://seprem.gob.gt/antecedentes/#:~:text=El%2017%20de%20mayo%20del,desarrollo%20de%20las%20mujeres%20guatemaltecas. Consultado julio 2024.
[55] https://mingob.gob.gt/departamento-de-atencion-a-la-victima-de-pnc-unidad-especializada-para-recibir-denuncias-de-violencia-contra-la-mujer/ consultado julio 2024.
[56] https://seprem.gob.gt/wp-content/uploads/Planovi-2020-2029-1.pdf consultado julio 2024.
[57] https://ecapguatemala.org.gt/ consultado julio 2024.
[58] https://womens-justice.org/who-we-are/ consultado julio 2024.
[59] En junio de 2019 se realizó en Guatemala el Segundo Tribunal de conciencia: La Violencia Sexual en el Pasado y el Presente es un Crimen en el Centro Cultural Universitario.
[60] En el primer día, nueve mujeres dieron su testimonio y en el segundo día se presentaron los peritajes de expertas y expertos en distintos campos.
[61] SáCouto, Ford Ouoba y Martin (2022).
[62] Para analizar el testimonio como prueba fundamental en el Caso de Sepur Zarco, consúltese https://sistemasjudiciales.org/wp-content/uploads/2018/05/temasgenerales_herreraramirez-1.pdf
Consultado mayo 2023.
[63] https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case consultado mayo 2023.
[64] Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el ejército de Guatemala en 1981 de manera macabra para dividir, enfrentar y controlar a las poblaciones indígenas. Véase el Tomo 2, Capitulo II del REMHI.
[65] SáCouto, Ford Ouoba y Martin (2022); LeDuc (2018).
[66] Para conocer las medidas de reparación véase: https://prensacomunitaria.org/2022/01/como-parte-de-la-sentencia-condenatoria-dictan-medidas-de-reparacion-para-las-mujeres-achi/
[67] La base Militar No.21 fue instalada en terrenos que se le despojaron a la comunidad Chicoyoguito.
[68] https://nisgua.org/portfolio-items/creompaz-informe/ consultado mayo 2023.
[69] https://prensacomunitaria.org/2021/11/la-justicia-que-no-llega-para-las-victimas-de-creompaz/ consultado mayo 2023.
[70] Sobre los orígenes del caso Creompaz ver Rodríguez (20219.
[71] SáCouto, Ford Ouoba y Martin (2022).
[72]http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/13_LeyContraFemicidio.pdfConsultado mayo 2023.
[73] http://observatorio.mp.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/ley-contra-la-violencia-sexual-explotacion-y-trata-de-personas_-_decreto_9-2009_-guatemala.pdf Consultado mayo 2023.
[74] https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales Consultado mayo 2023.
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[83] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0148.pdf Consultado julio 2024.
[84] http://grupodeapoyomutuo.org.gt/wp-content/uploads/2018/02/Desaparicio%CC%81n-forzada-en-Guatemala.pdf Consultado julio 2024.